No es clientelismo, es “inversionismo”

¿Por qué “las instancias serias y maduras”, o “los estadistas y árbitros del bienestar general” sólo pueden estar por fuera del Gobierno o, en todo caso, ser ex funcionarios? Nunca oí semejante afirmación a algún compañero en el DNP, en la Embajada en Suiza o en la Presidencia, con quienes, hombro a hombro, he defendido las políticas públicas desde 2002.

La Alta Consejería, que hoy ostento, se creó en 1998. Es, por esencia, una instancia de bajo perfil, por lo que es probable muchos ignoren su misión: coordinar y ser el secretario del Consejo de Ministros; hacer seguimiento a las metas del Gobierno, identificar las dificultades y contribuir a superarlas; así como coordinar las relaciones del Gobierno con el sector privado, particularmente si los asuntos son responsabilidad de varios ministerios y el liderazgo presidencial se hace necesario.

Como todo gobierno, este ha tenido aciertos y desaciertos. Pero siempre ha trabajado con total compromiso, devoción y rigor por el pueblo colombiano: no por una clase, grupo particular, gremio o sector determinado; y, menos, por un interés individual.

El seguimiento y la evaluación de los compromisos del Gobierno se hacen con una metodología técnica —lo que en gerencia pública se llama “gestión por resultados”—. Hay muchos espacios de comunicación con el sector privado, abiertos, transparentes y con conductos regulares como las tertulias económicas temáticas, Comité de diálogo con el sector industrial, Comité de zonas francas, Comité anticontrabando, Comité de lucha contra el juego ilegal, Mesas de trabajo y talleres del sector salud, por sólo citar algunos ejemplos. Son espacios de carácter intersectorial e interestatal (la Fiscalía y los organismos de control a menudo participan en dichos espacios), cuya convocatoria difícilmente podría ser atribuida a uno de los actores involucrados en el tema.

El que existan canales de comunicación demuestra que el Gobierno escucha y dialoga, que es diferente a actuar bajo presión. Si actuara a puerta cerrada y de espaldas al sector privado, la crítica seguramente sería la de un gobierno sordo al clamor empresarial o autista en la adopción de las medidas económicas. Las decisiones las toman los equipos del Gobierno, con los ministros a la cabeza y su grupo de colaboradores como apoyo, tal y como debe ser.

El Gobierno ha tomado medidas para impulsar sectores intensivos en mano de obra, para proteger el empleo y estimular la demanda agregada. El crédito subsidiado para la venta de vehículos no es para las ensambladoras nacionales: es para que la gente de carne y hueso tenga mejores plazos y créditos más baratos para comprar su carro o cambiar su nevera. No se están transfiriendo recursos a unas empresas, sino a los compradores a través de los créditos a los cuales tienen acceso en las compañías de financiamiento comercial, con el doble efecto de proteger el empleo en un sector donde laboran muchos colombianos, así como estimular la demanda en un momento de enorme nerviosismo que dificulta las decisiones de endeudamiento de bienes durables.

Cuando una administración ha fijado como una de sus prioridades estratégicas la confianza inversionista, es necesario que una oficina haga que las cosas pasen y el sector privado no se pierda en el ping pong de las responsabilidades entre entidades públicas.

“Clientelismo” es protección a cambio de sumisión. Lo que aquí estamos haciendo es “inversionismo”: promoción a cambio de inversión.

Claudia Jiménez J. Ministra Consejera, Presidencia de la República.

Peñalosa y la reelección

El ex alcalde de Bogotá dice estar en contra de la reelección y nos da un argumento que demuestra, una vez más, cómo la mayoría de nuestros políticos (ya le había pasado a Luis Eduardo Garzón) conocen muy poco de historia de Colombia. En la entrevista de El Espectador (viernes 13-III-09) dice Peñalosa: “No fue por tontos que los constituyentes del 86 o del 91 establecieron que no hubiera reelección”. Verdad a medias. Tiene razón Peñalosa cuando dice que los “constituyentes” de 1886 no eran tontos, pero no por la razón que Peñalosa da (supuestamente opuestos a la reelección, con nombre propio, de Núñez). Se equivoca gravemente Peñalosa cuando le dice a la opinión pública que los constituyentes del 86 rechazaron la reelección. No sólo la aprobaron, y de forma ilimitada, sino que ampliaron el período presidencial a seis años. Fue la reforma de 1910 la que abolió la reelección.

Aunque, pensándolo bien, tal vez sí fueron tontos los constituyentes, en la medida en que fueron apenas “fichas políticas” de Núñez y Caro. Hay que recordar que el gobierno de Núñez a partir de 1886 fue un gobierno de facto, y él mismo nombró a los supuestos constituyentes, quienes aprobaron el proyecto de constitución ultraconservador y centralista de Caro. Estos mismos constituyentes “aprobaron” que Núñez siguiera en el gobierno, de forma vitalicia (el “coloso traidor del Cabrero” murió en 1894).

¿Realmente se opone Peñalosa a la reelección? ¿Será que lo hace igual que los constituyentes (¿tontos?) del 86?

 José María Reyes. Bucaramanga.

Lamento

Es una lástima que hayan reducido el espacio de opinión en la edición impresa. Me suscribí al periódico justamente por la cantidad y calidad de columnistas en su haber y considerando que es la única tribuna dentro de la prensa nacional para encontrar planteamientos por fuera de la obnubilación uribista y sus incondicionales corifeos. Ojalá vindicaran ese espacio.

 Álvaro Zerda Sarmiento. Docente universitario.

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