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El reciente movimiento de protesta en la Universidad Nacional ha generado inquietudes que merecen análisis y discusión. Una de ellas es la propuesta de plebiscitos para decidir la adopción de normas universitarias.
En un artículo reciente (por demás serio e interesante) en El Espectador, el profesor Mauricio García afirma que “para superar esos disensos hay que discutir y si la discusión no conduce a ninguna parte hay que votar”. Lo que querría decir que hay que votar siempre ya que yo entré como estudiante a la Universidad Nacional en 1964 y no recuerdo una sola decisión importante que no haya generado disensos irreconciliables.
La propuesta de tomar decisiones por votación es aparentemente democrática y despierta simpatías automáticas. En este caso las cosas no son tan sencillas. Una primera pregunta es quién debe votar. Resulta claro que en la República de Colombia deben votar todos los ciudadanos. Pero, ¿quién vota en una Universidad que es pública y Nacional? ¿Sus estudiantes y profesores? ¿Por qué 45.000 estudiantes y no los 400.000 aspirantes que no entraron durante los últimos 5 años o los 600.000 que no van a entrar los próximos cinco?
Otra pregunta es qué se debe votar y quién vota cuáles iniciativas. Creo que el sentido común (reconociendo sus limitaciones) dice que no deben ser precisamente los estudiantes quienes voten sobre las reglas con las cuáles ellos son admitidos, aprueban sus asignaturas, permanecen en la universidad y se gradúan, como posiblemente no deben ser los profesores quienes definan en última instancia las reglas que determinan su relación laboral con la Institución.
No son cuestiones retóricas. Son preguntas que van al corazón del problema grande, que es el del gobierno de las universidades públicas.
Un comité de representantes profesorales, estudiantiles y profesores miembros de la directiva universitaria presentarán dentro de poco un documento al Consejo Superior (producto de su trabajo durante el último año y medio), que posiblemente va a dar inicio a una discusión muy seria sobre el problema del Gobierno Universitario. El actual sistema de la Universidad Nacional es definido por Ley, de forma que no podrá ser cambiado de manera inmediata ni por decisiones administrativas ni por movimientos de protesta. Me parece que el uso exclusivo de los mecanismos que prevé la Ley es la única forma de preservar la institucionalidad y de evitar el caos. Pero este sistema sí debe ser estudiado y en un futuro seguramente modificado en el Congreso.
En el mundo se han probado y coexisten modelos muy diversos. Las universidades con un sistema de cogobierno estudiantil son muy escasas y en general han fracasado estruendosamente. El modelo que parece ser más exitoso, tanto en universidades públicas como en privadas, es el de un Consejo Superior de composición amplia y variada que define las políticas generales, decide muy poco y se reúne apenas un par de veces por año; una red o sistema de consejos académicos en todos los niveles: departamentos, áreas curriculares, institutos, facultades, sedes y nivel nacional, con participación de estudiantes, profesores y directivas académicas, red que tiene una capacidad amplia de decisión; y finalmente una dirección encabezada por un rector (a veces un presidente) que es la encargada de concretar en proyectos y programas específicos las políticas asumidas por el Consejo Superior.
Hay pues que ser cuidadoso porque no todo lo que suena a democracia realmente lo es.
Moisés Wasserman Ciudad
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