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Desde hoy, la Corte Penal Internacional (CPI) tiene nueva fiscal jefe, la gambiana Fatou Bensouda, mano derecha del saliente Luis Moreno Ocampo y otrora parte acusadora en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, creado a propósito del genocidio tutsi que cobró la vida de más 800.000 personas entre abril y junio de 1994.
Bensouda deberá trabajar en pos de consolidar a la CPI como garante de una justicia global transcultural que evite, principalmente, la impunidad ante crímenes de guerra, de lesa humanidad y el genocidio. Hasta el momento, tras una década de funcionamiento, los siete casos abiertos han sido exclusivamente africanos (Uganda, República Democrática de Congo, República Centroafricana, Sudán, Libia, Kenia y Costa de Marfil), lo que dificulta pensar en justicia global.
El principio irrestricto de la soberanía estatal sigue siendo una constante que motiva a países como China, Rusia o Estados Unidos a no ratificar el Estatuto de la CPI. Por ejemplo, Estados Unidos, bajo la administración Bush, chantajeó por medio de la American Service-Members’ Protection Act de 2002 con negar ayuda militar a aquellos países que fueran signatarios de la CPI, presionando igualmente al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para obtener una resolución que limitara su marco de acción.
Así, aquellos que niegan la CPI son, por otro lado, los mismos que no dudan en alegar los derechos humanos para propugnar la transgresión de la soberanía y la diplomacia humanitaria coercitiva sobre escenarios de la periferia del sistema-mundo actual, lo que invita a pensar en la justicia global como un eufemismo al servicio de la geopolítica, el poder y las relaciones centro-periferia.
La credibilidad de la CPI pasará por cómo la independencia y la permanencia sigan siendo las características más relevantes con las que evitar la presión de los estados más poderosos, consolidando un proyecto de justicia “global” que, pese a todo, en esta última década, aparte de los siete casos investigados, tiene otros tantos en espera y ha llevado a cabo más de 700 misiones de observación. A Bensouda la espera resolver la retención de cuatro de los enviados especiales de la CPI en Libia, sospechosos de transferir información confidencial del hijo de Gadafi, Said el Islam, acusado a su vez por la fiscalía de la CPI de crímenes contra la humanidad.
*Jerónimo Ríos Sierra, investigador de la U. Complutense de Madrid.
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