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¿ESTÁ PREPARADO EL PAÍS PARA ofrecer a sus emigrantes, legales e ilegales, un retorno digno y seguro, como pide la Organización Internacional para las Migraciones, OIM? No.
De ninguna manera, los más de cuatro millones de colombianos (contados a partir de remesas, ojo) y los otros tantos que no envían nada, pero que sumados deben significar algo así como una quinta parte de la población, no tienen ninguna razón para emprender el retorno.
Si regresan volverían a la situación de la que huyeron. Establezcamos desde el principio que nadie deja su terruño cuando le está yendo bien y satisface las necesidades básicas y derechos fundamentales: bajo esas condiciones amables sólo se van quienes tienen ofertas que superan lo propio, y solíamos llamarlo “fuga de cerebros”.
Los demás, una minoría, sale con unos cuantos ahorros que se esfuman durante el primer año y la mayoría, con una mano adelante y la otra atrás, intentando cubrir su desnudez ciudadana, anímica y profesional. Salen legales importados como piernas, manos y brazos (1.800 en 2007-2008); e ilegales como cerebros, manos, piernas, espaldas, brazos, sexos y vientres que engrosan como esclavos los mercados laborales extranjeros, nunca como individuos con derechos, y el apoyo del Gobierno, si no nulo, es escaso.
De manera que el Gobierno Nacional debe aplicar las leyes (1151 de 2007) y estimular al Ministerio de Relaciones Exteriores para que cumpla funciones más allá del manejo de unas delegaciones diplomáticas y la firma de tratados y acuerdos internacionales, y para que garantice la condición digna del emigrante con base en el principio de coherencia y con unos servicios consulares activos y suficientes.
De otra forma, apenas la Unión Europea comience a encarcelar (de seis a 18 meses) colombianos y luego a repatriarlos a bulto, tendremos un incremento sustancial de la pobreza que hará explotar la bomba de tiempo interna porque todos sabemos que no existe igualdad de derechos y oportunidades y hay millones soñando con dar el salto a los países desarrollados para darle solución a su precariedad. Y los Estados Unidos también están atenazando a la inmigración porque tienen una crisis interna de madre y su moneda cada día vale menos en los mercados internacionales, al punto que hasta en nuestro país va de retro.
Es el momento para que el gobierno Uribe nos hable de una Política Integral de Migraciones (que tienen muy buenos lineamientos provistos por el programa de Ecología Histórica y Movilidad Humana del CES de la U. Nacional), implemente lo necesario y disponga oportunamente los mecanismos para que quienes se queden lo hagan bajo condiciones honorables, y quienes regresen puedan hacerlo de manera digna y segura, es decir, que encuentren posibilidades de expandir su libertad y ayuda real para que emprendan una nueva y buena vida.
Si no se apura el Gobierno en implementar esa política integral, el sucio negocio del tráfico humano laboral (más lucrativo que el narcotráfico con 15 mil millones de euros anuales) seguirá asaltando la buena fe y la desesperación de los nacionales en la sin salida que viven en este país, que no es responsabilidad del Banco de la República o la guerrilla o los paras o los precios del petróleo, sino directamente proporcional a la ausencia de políticas de desarrollo y lucha contra la pobreza, porque el esfuerzo se ha dirigido sólo a la seguridad democrática que tiene más dientes que una tiburón martillo y se traga todos los presupuestos. Ni tanto que queme al santo ni tan poquito que no lo alumbre.
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