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Ocasionalmente se ven en los medios imágenes de víctimas recibiendo la solicitud de perdón de los victimarios. A menudo esas imágenes van acompañadas de comentarios que colocan en las víctimas el mayor peso de la responsabilidad para una reconciliación. Al hacerlo se refuerza su condición de víctima y se coloca la responsabilidad donde no debe estar.
A las víctimas la sociedad les falló porque no supo garantizar su integridad personal o la de sus seres queridos. Esa sociedad no tiene por qué exigirles perdón, en procura de una difusa y frágil reconciliación general, una idealización que distorsiona los referentes necesarios para la convivencia.
La discusión se tiene que remitir, en cambio, a los niveles de impunidad con los cuales se puede avanzar hacia una convivencia perdurable. Lo ideal es una justicia a fondo, pero es evidente que, dada la fragilidad de nuestro sistema judicial y del Estado en general, esa meta deseable es imposible de cumplir. Sin embargo, a mayor impunidad, mayor incertidumbre frente a lo que pueda generar la frustración y la demanda insatisfecha de justicia.
Quienes cometieron asesinatos o excesos con poblaciones indefensas son los primeros responsables. A éstos se les debe exigir la entrega a la sociedad de todos los bienes económicos obtenidos por medios arbitrarios o violentos. No se puede creer en alguien que dice estar arrepentido o estar diciendo la verdad, cuando mantiene riquezas obtenidas por tales medios. Una vez esto se aclare y resuelva, entonces sí esperar la verdad de esas personas y la consecuente reparación a la sociedad.
El Estado, como representante de la colectividad, tiene la responsabilidad principal de procurar la verdad, la justicia y la reparación, en correspondencia con la gravedad de los crímenes sucedidos en ya cerca de 50 años. Esta responsabilidad de quienes representan a la sociedad desde cargos del Estado exige rigor. Sólo así romperemos ciclos de violencia repetidos en los últimos 200 años. Como vamos, se está haciendo evidente la falta de un compromiso a fondo de instancias del Estado y el riesgo de estar creando las condiciones para el empobrecimiento de la verdad, la justicia y la reparación. De esta manera se alimentarán nuevos ciclos de violencia, porque la impunidad los hará inevitables.
La sociedad busca la convivencia, pero ésta no implica la relación de víctimas con victimarios. Exige, sí, comportamientos ceñidos a la ley, a una ley concebida y aplicada con justicia y un profundo sentido de respeto a los derechos humanos. Una ley con visiones de largo plazo y bajo ninguna circunstancia una ley inmediatista o con anhelos de una paz cómplice con historias de violencia, por la impunidad que deje arraigar.
Si las circunstancias obligan a la convivencia civilizada de víctimas en proximidad de victimarios, ésta no depende del perdón. Del lado de los afectados lo esencial es que no contemplen y menos asuman la venganza. De ellos no se requiere el otorgamiento de perdón como condición para la reconciliación; de hecho, tampoco es necesario esperar esta última como requisito para la convivencia.
El perdón es algo personal, muy íntimo, de cada quien frente a una sociedad que no supo brindarle garantías. Antes que estigmatizar a quien no perdona, se debe reconocer que la ausencia de perdón puede reflejar un instinto de supervivencia, un rechazo a las diversas expresiones de impunidad o una reivindicación del derecho al no olvido. Esto no tiene por qué estar asociado con sentimientos de venganza y ni siquiera con la permanencia del dolor. La falta de perdón puede ser un reclamo, la demanda de actos de justicia acordes con tanta violencia acumulada, o la exigencia de cambios sustantivos en quienes se refugiaron en ideologías, en la guerra y en la corrupción para avanzar mezquinos intereses personales. Los agresores deben tener tales cambios si en efecto se quieren reincorporar o mantener en la sociedad con conductas consecuentes que ameriten perdón.
Alberto Galán Sarmiento. Bogotá.
Precio de la gasolina
En columna publicada por El Espectador el 28 de octubre, Thomas L. Friedman menciona que en los EE.UU. la gasolina ha bajado de US$4,11 a un promedio de US$2,91 por galón. Lo anterior, debido a la caída de los precios del petróleo en el mundo, que ha llevado al crudo a costar los mismos 70 dólares por barril que costaba hace varios años. Lo inquietante del asunto es que, en Colombia, el precio de la gasolina ha subido constantemente cada mes, ligado al aumento de los precios del hidrocarburo. Pero cuando éste último baja, la gasolina se congela (arriba). Pensar que con cara ganan quienes venden gasolina y con sello pierden quienes la compran, me lleva a pensar que, al menos en el caso de este combustible, hay sustancias sobre la Tierra (colombiana) que contradicen la ley de la gravedad. Al parecer, no todo lo que sube necesariamente tiene que bajar.
Jorge A. Mejía H. Bogotá.
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