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Con el arribo al Capitolio de la reforma oficial de salud, abultan los líderes de la derecha su coro de acusaciones: que la reforma de Petro estatiza el sector, que lo burocratiza, lo politiza y lo pone ante el abismo de la corrupción. Ellos, artífices del modelo de salud diseñado para la corrupción. Ellos, demócratas inmaculados que vienen de cerrar filas con el candidato autoproclamado correligionario de Hitler y sindicado de corrupción. Ellos, portavoces de los círculos del privilegio edificado en la usurpación del erario y de los recursos del poder público, doran con eufemismos y hasta con concesiones su cruda determinación de no soltar las alforjas.
Billonadas en juego, de interés particular, que la conveniencia aconseja encubrir con retórica biempensante. César Gaviria reivindica el “fiel ideario liberal que busca y protagoniza los avances sociales más importantes de las últimas décadas”. Para Álvaro Uribe, el proyecto del Gobierno consolida un monopolio estatal absoluto, deteriora el sistema de salud, marchita lo poco que le deja de privado y arriesga condicionar la afiliación a preferencias políticas. A Andrés Pastrana, esta y todas las reformas de Petro le resultan “peligrosas” porque buscan “cubanizar” y “venezolanizar” a Colombia.
A la ominosa historia de abusos y desfalcos de negociantes sobre los fondos de salud, ya por omisión del Estado, ya por favor suyo a los piratas, responden el presidente y su ministra Corcho con una propuesta no negociable: recuperar para lo público el manejo y control de los recursos públicos de salud, sometiéndolos a vigilancia rigurosa. Como sucede en casi el orbe entero. Mucho han concedido los privados y su avanzada en la cúpula de los partidos: atención primaria, formalización del personal de salud, prohibición de la integración vertical, eliminación de la intermediación financiera de las EPS. Pero si aceptan el giro directo de la ADRES a los hospitales, no entregan la bolsa: las EPS quieren perpetuarse como ordenadoras del gasto, mientras el Gobierno entrega esta función crucial a los fondos regionales de la ADRES, a los que impone manejo democrático y estricto control en la gestión. Quieren aquellas seguir empuñando la nuez del poder. El sistema será mixto, pero el Estado se reserva el manejo de los recursos. Entonces grita la derecha: “¡Estatización, anatema!”. Su negocio es la salud, tan libre y lucrativo como la corrupción que lo acompaña.
Alejandro Gaviria define esta reforma como “utopía regresiva que resultará en más corrupción”. Por la imagen de decoro que lo distingue entre académicos, el país espera explicaciones suficientes sobre medidas que su ministerio de Salud adoptó para liquidar a Saludcoop y capitalizar a Cafesalud, EPS que pertenecían a los mismos grupos empresariales y recibieron salvamento por $200.000 millones. El dinero habría terminado en manos de los mismos desfalcadores de Saludcoop. Abundará, sin duda, en razones para responder, como a todo funcionario público se le demanda, interrogantes de un informe presentado al Congreso por Andrés Idárraga, secretario de Transparencia de la Presidencia de la República.
La mira puesta en el exministro, había escrito el expresidente Uribe: “… en el gobierno anterior se robaron en la politiquería a Saludcoop, Cafesalud y Caprecom. El robo sigue impune y nada pasa con aspiraciones políticas de responsables”. Abrebocas de sus explicaciones, Gaviria declara ahora que “los bonos se pagaron. No hubo detrimento ni se perdió un peso… la venta de Cafesalud quería evitar una falla del sistema; Saludcoop tenía que ser liquidada, había que usar algún vehículo existente y eso implicaba una capitalización”.
Pilar de la reforma a la salud será entregarle al Estado el control de sus recursos; entre otras razones, para conjurar la corrupción que desde todos los flancos se desmadró.
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