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Por varios lustros América Latina ha tenido la tasa de homicidios más alta del planeta.
En la década de los noventa y del 2000, las cifras de la violencia en las ciudades de los países del triangulo norte centroamericano (Guatemala, Honduras y el Salvador) y en las colombianas (Medellín y Cali), solo eran comparables a las de ciertos países en guerra civil como Sierra Leona, Angola, África del sur, Somalia y Liberia (Crime Statistics, UNODC, 2004-2008).
La comparación con África es reveladora para entender que en el caso latinoamericano no puede establecerse una relación causal entre los conflictos políticos internos y el aumento de la tasa de homicidios en el mismo periodo. El proceso de paz centroamericano de finales de los ochentas promovido por el gobierno costarricense detuvo la guerra, pero no consiguió contener la violencia. Con excepción de Nicaragua, a la firma de la paz le siguió un recrudecimiento general de la violencia urbana con la aparición de pandillas como la ‘Mara Salvatrucha’ y ‘Barrio 18’.
La experiencia centroamericana es importante para entender que la culminación de un proceso de paz no detiene automáticamente los homicidios ni la criminalidad. Los colombianos tenemos que tomar este asunto en serio. La percepción facilista según la cual el país se divide entre una inmensa mayoría de buenos ciudadanos y una minoría de terroristas ha impedido entender que toda la violencia en Colombia no se deriva del conflicto armado. Como lo señala el informe Forensis 2014 del Instituto de medicina legal, un altísimo porcentaje de las muertes violentas en el país se debe a riñas que empezaron en ambientes festivos y que se terminaron mal.
La violencia está relacionada con la pobreza, pero frente a este punto tampoco se pueden extraer conclusiones simplistas o establecer relaciones lineales. Como varios estudios de la ONU, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo lo han demostrado, las ciudades y los barrios latinoamericanos donde hay pocos ingresos no necesariamente tienen los índices más altos de homicidios. Sin embargo, algo diferente ocurre con el alcohol y el porte legal (e ilegal) de armas, pues allí donde ambas variables se reúnen siempre aumenta el número de muertes violentas.
Que una simple riña que inicia en una fiesta no termine en una muerte no depende sólo de los implicados, sino también de los espectadores. En Colombia hay motivos de optimismo por los recientes anuncios de la reducción de la tasa de homicidios, pero detener la violencia implica un compromiso ciudadano mayor que debe reflejarse en la creación de mecanismos colectivos para impedir que un simple altercado termine en una lesión grave o en una muerte. En palabras simples, amigo lector, la próxima vez que vaya a tomarse un trago y que estalle una gresca actúe para impedir que la agresividad se multiplique. Puede parecerle extraño, pero en medio de la trifulca si la masa silenciosa pide calma en lugar de golpes las cosas pueden tomar un rumbo menos escabroso.
Al proceder de esta manera hay un riesgo, pues como reza un adagio popular el redentor puede salir crucificado, pero creo que hoy más que nunca es necesario correrlo. No tenemos otra alternativa si queremos aprender a vivir en paz, sobre todo si tenemos en cuenta que pertenecemos a una sociedad habituada a que la legitimidad social vaya de la mano con los comportamientos violentos.