Diferendo chileno-boliviano

La noticia fue recibida con júbilo por el Gobierno boliviano, pues además de considerar el fallo como un triunfo diplomático contundente frente a Chile, permite al presidente Morales convertirse en el abanderado de una causa nacional que jugará a su favor para impulsar el referendo reeleccionista que le abrirá las puertas a una tercera investidura en el 2019. La presidenta Bachelet, por su parte, sostuvo el sábado desde Nueva York que el fallo no representa un revés para Chile, ya que la decisión no implica una amenaza contra la integridad territorial del país austral.

A pesar de las interpretaciones que los gobiernos puedan darle al fallo, es evidente que tras la radicación de la demanda boliviana el debate jurídico se ha desplazado de la validez del tratado de 1904 —que cesó el estado de guerra entre los dos países—, a la presunta obligación chilena de negociar de buena fe y de manera efectiva un acuerdo con Bolivia. La validez del instrumento de 1904 no va a ponerse en entredicho, pero el tema de la ‘obligación’ de un Estado a negociar de buena fe con otro constituye, por decirlo de algún modo, un punto de controversia sobre el que los grandes representantes de la jurisprudencia internacional no tienen una posición común (incluyendo, claro está, a los mismos magistrados de la CIJ). Si el contenido de la demanda se limitó, que era lo que interesaba a Chile, Bolivia posee ahora un nuevo margen de maniobra para exigir la negociación.

Para Chile, el nuevo dictamen se suma a la sentencia que la CIJ emitió en el diferendo marítimo con el Perú el 27 de enero de 2014. La sentencia adjudicó al Perú un área de 50.000 km2, de los cuales 22.000 km2 eran considerados por Chile como parte de su zona económica exclusiva. El fallo emitido por la CIJ en noviembre de 2012 sobre el litigio marítimo entre Colombia y Nicaragua (que también tiene un peso en la forma en que la cancillería chilena ha analizado la demanda boliviana), ha llevado a varias figuras políticas a recomendar al gobierno de Bachelet el retiro del Pacto de Bogotá, con el propósito de renunciar a la jurisdicción de la CIJ y evitar futuras controversias.

Como en el caso de Colombia frente a Nicaragua, renunciar al pacto no eximiría a Chile de responder a todas las demandas y objeciones que Bolivia presente de aquí a un año. No obstante, la estrategia boliviana, tanto como la nicaragüense, consistirá en recurrir a la corte cuantas veces sea necesario para exigir una negociación sobre la salida al mar y plantear las bases de una revisión total de la frontera terrestre entre ambos países. La causa defendida por los bolivianos puede implicar nuevas demandas internacionales contra Chile si no se inicia antes una negociación bilateral. La cesión territorial no es lo único que preocupa a Santiago. Un puerto boliviano en el Pacífico representaría automáticamente un aumento de los ingresos fiscales del Estado boliviano, pues hasta hoy, el enclaustramiento hace que los aranceles y los gastos administrativos producidos por las exportaciones de gas se queden en terceros países. Es, pues, natural que Bolivia haga todo lo posible por acceder al mar y que Chile se oponga al fortalecimiento de un vecino que puede debilitar su posición dominante en el Pacífico sur.

La CIJ fijo el 25 de julio de 2016 como fecha límite para que Chile entregue nuevos argumentos escritos.