Privación de la nacionalidad

El proyecto había provocado una división dentro del gobierno y precipitó la renuncia de Christiane Taubira, la ministra de la Justicia, que manifestó su desacuerdo con Hollande desde el momento en que la revisión se anunció en los pasillos del Eliseo.

La revisión se inscribía en el proyecto de ley constitucional de lucha contra el terrorismo, que actualmente se debate en la Asamblea y el Senado, pero también estaba dirigida a acallar las críticas de varios sectores de la derecha y de la extrema derecha al gobierno, para quienes Hollande y su gabinete no se encuentran a la altura del desafío que representa la amenaza terrorista. Con la privación de la nacionalidad se esperaba demostrar que a la izquierda no le tiembla la mano a la hora de abordar los temas de seguridad, pero el tiro salió por la culata.

Desde sus orígenes, la revisión constitucional fue impopular en todo el espectro político. François Fillon, el segundo líder del partido de derecha Los Republicanos —al que también pertenece Sarkozy—, mencionó que la revisión no era “ni útil ni necesaria”, mientras que François Bayrou, del partido de centro Modem, señaló que la privación era “absurda” y demostraba la falta de orientación de los debates políticos en Francia frente a la crisis actual. Pero, como suele suceder, las críticas más afiladas vinieron del propio campo político del presidente: en el Partido Socialista hubo una oposición generalizada a la revisión por tratarse de una medida estigmatizante que viola el principio de igualdad con relación al derecho del suelo.

¿Qué le importa al autor material de un atentado la pertenencia nacional cuando está dispuesto a volar en mil pedazos? En cualquier democracia el combate simbólico es primordial, pero la propuesta de revisión constitucional resultó absolutamente ineficaz en el marco de la lucha antiterrorista. La medida fracasó, y de paso, fragmentó y debilitó al gobierno.

Que la privación de la nacionalidad haya fracasado en los debates parlamentarios no significa que haya un rechazo generalizado al estado de emergencia, ni que las medidas para aumentar los efectivos de los servicios de inteligencia sean rebatidas por la sociedad civil o la clase política, ni mucho menos que haya una oposición generalizada al aumento del pie de fuerza de Ejército y Policía en las calles de París y de otras ciudades. Sin embargo, el estado de emergencia que reina en el país no podrá postergarse indefinidamente y queda por saber si la estrategia para prevenir nuevas tragedias debe inclinarse del lado de la seguridad o de las políticas de inclusión social.

Si, como lo sospecho, este último enfoque resulta menos costoso y más eficaz para prevenir la radicalización de los jóvenes musulmanes en Francia, la ruta a seguir presupondrá una mayor inserción en la nación y no, como lo pretendió la fallida medida, la amenaza de la expulsión.