Sobre tierras, violencia y política

El asesinato de líderes sociales hace parte de un plan sistemático, concertado y respaldado por sectores de las élites regionales que quieren inmovilizar a los reclamantes de tierras. Los autores intelectuales de los crímenes perpetrados contra los reclamantes y sus líderes son terratenientes, caciques electorales, mafiosos y una burocracia amañada que se arrodilla ante cualquiera que le arroje un fajo de billetes, una camioneta o cualquier otra bicoca. Todo esto sucede en un país que continúa sin tener un censo y un catastro rurales que permitan saber qué propiedades son el fruto de transacciones ilícitas y cuáles no.

Y es que la tierra continúa siendo uno de los grandes problemas colombianos aunque tantos bribones intenten negarlo. Un grupo de oficiales de la CIA que visitó a Colombia en 1959 redactó un informe en el que se decía mucho de lo que sigue repitiéndose hoy: que Colombia era un país con un potencial desaprovechado, que la ausencia de acceso a la propiedad de la tierra era evidente, que las altísimas tasas de fiebre tifoidea y desnutrición empobrecían a la población campesina, que no había un empresariado rural dinámico, sino un grupo de rentistas sin formación técnica ni ganas de diversificar su riqueza, que la ausencia de infraestructura de transportes impedía conectar las áreas productoras con los centros de consumo… Colombia, decía ese informe, no tenía posibilidades reales de convertirse en un país comunista, pero afirmaba que sin una reorganización del acceso a la propiedad rural, y sin una racionalización de la producción agrícola, seguiría siendo un espacio propicio para la insurrección armada de liberales, de comunistas o de quien fuera. 

Junto al secular problema de la tierra está el problema de haber institucionalizado la violencia como método de control político. Violencia en el hogar, en la palabra, en la escuela, en el ejercicio del poder municipal y departamental, y como lo hemos comprobado en las últimas semanas, violencia en las campañas políticas. Y aunque todas esas formas de violencia estén ligadas al narcotráfico y a la guerra, creo que la prioridad entre todas las violencias colombianas la tiene la violencia política, o más bien, una forma de hacer política cuya expresión más macabra y contundente es el control violento de la población rural que, como ya lo subrayaba ese informe, se manifestaba a través de la falta de acceso a la tierra y del fomento de la pobreza. Pero aquí tampoco hay nada nuevo. Los revolucionarios terminaron asumiendo los métodos de sus verdugos y los pájaros de ayer se convirtieron en las palomas de hoy.

En El poder político en Colombia, un libro siempre actual, publicado en 1979, Fernando Guillén Martínez llegaba a la conclusión de que la legitimación de la autoridad formal en Colombia se basaba en el poder que el hacendado ejercía sobre el péon. Al prolongar con una lucidez asombrosa la tesis de Alexis de Tocqueville, según la cual las asociaciones que no poseen un carácter politico son, sin embargo, decisivas para conseguir el poder público y ejercerlo, Guillén caracterizó uno de los rasgos decisivos de nuestra personalidad histórica. Quien busque entender por qué el país sí puede manejarse como una finca, o por qué un candidato presidencial puede agredir físicamente a uno de sus guardaespaldas sin que pase nada, tiene que recorrer esas páginas.

¿Qué tiene que ver todo esto con las próximas elecciones? Es muy simple. 

Por primera vez en muchos años los colombianos nos confrontamos a los problemas que el conflicto interno había ocultado. Ya no existe una guerrilla poderosa a la que podamos achacarle todos los males del país y el fantasma del castrochavismo es un comodín del que incluso los mismos uribistas empiezan a dudar. Por eso, querido lector, antes de escoger a su candidato tenga en cuenta que los pueblos tienen los gobernantes que se merecen y pregúntese bien si su voto va a oponerse o va a contribuir a mantener el gamonalismo y la desigualdad rural.