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La mano dura contra las drogas ha sido muy blanda, por no decir completamente ineficaz.
Y ha sido ineficaz porque el prohibicionismo nunca ha sido una política efectiva ; no lo ha sido con el alcohol, ni con el tabaco, ni con el opio, ni con la marihuana y no lo ha sido ni lo será con la cocaína, a pesar de todos los planes colombia que se inventen desde Washington y Bogotá, o a pesar de todos los debates parlamentarios que se citen evaluando los éxitos de la política antidrogas en este y en cualquier otro país del mundo.
Después de casi medio siglo de intentos fallidos es hora de aceptarlo: la guerra contra las drogas se perdió y los enfoques prohibicionistas fueron un fracaso que costó caro y no acabó el problema. Ahora hay que probar nuevas alternativas que no se basen en la criminalización de los consumidores y que asuman los hechos tal como son: el consumo de drogas no va a desaparecer por decreto ni tampoco por la voluntad política de un puñado de partidos políticos.
En Colombia (y en otros países de América Latina) el debate sobre la legalización está estrechamente ligado a la definición religiosa de las buenas costumbres. La base teológica de la política prohibicionista es evidente y los líderes políticos lo saben bien. Sobre las razones económicas, sanitarias y de seguridad que justifican la necesidad de darle al consumo un nuevo tratamiento, prima la defensa de un moralismo entendido como apego ciego e incondicional a la norma. El discernimiento ético y social está prohibido al hablar de drogas, pues de emplearse, los estereotipos que asocian a los consumidores con vagos y criminales, o los argumentos de los detractores de la legalización —que ven una trama causal entre la legalización del consumo, la degeneración social y el advenimiento de un periodo destructivo y apocalíptico—, perderían validez.
El concejal Marco Fidel Ramírez, que adelanta una campaña de oposición radical a todo lo que pueda sonar a legalización terapéutica o recreativa desde hace varios años, es un claro ejemplo de moral impartida desde el púlpito. Para Ramírez no habrá “futuro con una generación de viciosos”, tesis que se une a su ya conocida campaña contra la legalización del aborto “más valores y menos condones” o a su consabida fobia contra los homosexuales y todo lo que suene a LGBT. Para Ramírez ‘Fumar marihuana es un sacrilegio”. Y punto.
¿Podrá nuestro conservadurismo popular impedir la formulación de una política de prevención y consumo razonable para el país? Puede ser. Que los índices de criminalidad desciendan cuando se implantan políticas públicas de legalización o que las mafias y los precios puedan controlarse y combatirse más eficazmente cuando el Estado tiene el monopolio de la producción y distribución de las drogas importa poco. Ningún argumento va a tumbar la asociación que se hace entre el consumidor y el pecador, aún cuando cualquier conocedor sensato de las escrituras sepa que justificar el prohibicionismo con versículos o ayahs es un arma de doble filo: teológicamente hablando, un marihuanero también puede entrar al paraíso.
Será necesario valerse de todos los recursos políticos y legales para aprobar la ley de uso terapéutico de la marihuana, tanto como fue necesario valerse de todos los recursos para imponerle un proceso de paz a una parte de la opinión nacional sedienta de guerra.
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