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Recursos y medidas extraordinarias para someter a los grupos criminales.
Hace cerca de diez años aprendimos a insertar en la Constitución un procedimiento legislativo especial, una vía rápida, excepcional y transitoria para aprobar reformas constitucionales y leyes.
Se le llamó “fast track” y tuvo el propósito de “agilizar y garantizar la implementación del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” con las FARC (una parte).
Dijo la Corte Constitucional que el fast track tenía el “thelos constitucional de hacer efectivo el derecho a la paz” y que “su objetivo es lograr la paz, fin imperioso del orden constitucional a la vez que un modo de conservar su integridad”. Una década después, será necesario otro fast track con la misma invocación del muy colombiano e inasible derecho a la paz.
Ante la crítica situación del derecho a la vida y de libertades por la violencia y coerción de grupos armados ilegales que han ido copando el país, lo que llamarían un “estado de cosas inconstitucional”, necesitamos medidas extraordinarias para agilizar y garantizar la paz.
La paz entendida como el disfrute de la vida, la integridad física, los bienes y las libertades bajo la protección del Estado. La paz es ausencia de guerra porque el Estado no debe permitir que se le haga la guerra a la sociedad.
“La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento” (artículo constitucional 22), y el Estado está para garantizar el cumplimiento, así sea difícil definirlo.
Si algunos prominentes constitucionalistas van a decir que en Colombia “ontológicamente” el derecho a la paz se refiere a la paz que se logra respecto de los grupos armados (ilegales y criminales) alzados contra el Estado y los ciudadanos, habrá que recordarles que hay varias vías: la negociación, la rendición y la victoria.
Ya ensayamos suficiente la negociación para “una paz estable y duradera”, y en el último esfuerzo hicimos cinco cambios constitucionales (por fast track), leyes al gusto y se asumieron unos costos enormes de todo tipo, con resultados evidentemente mediocres.
Ahora es necesario construir la paz, con el mismo ahínco, mediante la imposición o la victoria de la Fuerza Pública y la justicia. El objetivo de vencer y someter a los grupos criminales requerirá recursos y medidas nuevas a una velocidad extraordinaria, en medio de un ajuste fiscal y de un marco legal rebasado por la realidad.
La adquisición y uso de robots soldados, cambios en el código penal y en el de procedimiento penal, la construcción de cárceles en meses por firmas internacionales y su administración delegada, la extinción exprés de activos ilícitos, la realización de operaciones con soldados extranjeros, la contratación de tecnología militar de punta con fines específicos (no solo drones e inhibidores de drones), la reconstrucción de la inteligencia, la reingeniería de las Fuerzas: eso y más no admiten tiempos ni concepciones ordinarias.
Lo primero que debemos hacer bien, completo y rápido es ser un país civilizado donde el Estado domina su territorio y sus fronteras y no hay margen de tolerancia para criminales pretenciosos de estatus. Con eso podremos dedicarnos “en paz”, es decir, sin que nadie pueda intentar imponer impunemente su violencia, a construir un país desarrollado.
Habrá que ver si hicimos fast track para premiar a una guerrilla, habiendo perdido la refrendación popular, pero no lo hacemos para materializar un acuerdo de pacificación de Estado y de sociedad.
@DanielMeraV
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