Constitución, 25 años de nuevo pensamiento político

La Constitución de 1991 es bastante ecléctica como para acusarla de determinada orientación. Son sus intérpretes los que han construido un pensamiento ‘hegemónico’ basados en el nuevo constitucionalismo.

Parafraseando a Keynes, «los colombianos biempensantes –con m– o políticamente correctos son usualmente esclavos de algún exmagistrado auxiliar vivo de la Corte Constitucional». Keynes dijo: «Los hombres prácticos, que se creen totalmente exentos de cualquier influencia intelectual, son usualmente los esclavos de algún difunto economista».

Creo que el actual pensamiento político colombiano es mejor que el anterior a 1991, pero me permito disentir de la nueva ortodoxia. Mi punto es que sin equilibrar algunas ideas, no vamos a lograr el bienestar compartido a la velocidad necesaria (porque, de nuevo Keynes, «a largo plazo todos estaremos muertos»). No digamos para disfrute de la generación que votará por primera vez en el 2018 o probablemente este 2016, sino para la siguiente.

Las ideas vértice en un orden constitucional y legal tienen consecuencias políticas y económicas, y por ende afectan cómo se consigue la calidad de vida de la gente, los efectos sociales. Algunos no son conscientes de tales consecuencias y otros sí, pero no las señalan porque están de acuerdo con ellas. En seguida, observaciones a dos ideas vértice.

«Somos una nación pluriétnica y multicultural». Pocos se atreven a ponerle un interrogante a este nuevo mantra. Ni siquiera el de si la Constitución lo dice tal cual (dice, art7: «El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana»). Menos el de si estamos definiendo el todo, la nación, por una parte de ella.

Antes de 1991 éramos una «nación mestiza», lo que sin duda negaba reconocimiento a grupos con culturas e historias características. Con la nueva concepción de nación, que en rigor es una extrapolación libre de la Constitución, pasamos a ignorar el mestizaje cultural y racial de la inmensa mayoría de la población colombiana para asumir que se compone de culturas más o menos auto-contenidas.

La noción más fiel y al tiempo elástica, y por ende conveniente, es la de «nación diversa», que hace reconocimiento de las diferencias y permite establecer mejor el alcance de los derechos de los grupos definidos culturalmente en relación con los derechos universales.  Pequeñas comunidades inventadas con derecho legal a impedir la energía eléctrica para comunidades grandes reales, es un ejemplo de consecuencias económicas de ideas vértice del nuevo pensamiento político, que se volvió ‘constitucional-dependiente’.

«Somos una sociedad de derechos».  Ya en el plano de los individuos, no de los grupos, los vemos como esencialmente portadores de derechos, que se van creando (sociales y económicos), y que el Estado debe satisfacer, so pena de ser exigidos por la vía de la justicia constitucional. Ha sido un gran avance desde 1991 el consenso ético igualitario de los derechos (en contra de la desigualdad como algo natural), pero hemos olvidado la corresponsabilidad individual en nuestro enfoque de la garantía de los derechos sociales y económicos.  

«El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades» (art95). Ciertamente, la Carta se quedó corta en la noción de responsabilidad individual de sí mismo, pero podemos desarrollar tal noción para hacer también ‘exigible’ la corresponsabilidad en forma de deberes.  Tal vez el ejemplo más ilustrativo de esto sean las transferencias monetarias condicionadas de Familias en Acción. 

Si en el ADN del nuevo pensamiento político colombiano estuviera «somos una sociedad de derechos y deberes» o «somos una sociedad de individuos responsables de sí mismos con derechos», muchas políticas de gratuidad serían más sofisticadas y sostenibles con corresponsabilidad, manteniendo explícitamente su carácter redistributivo, y tendríamos verdaderos sistemas de incubación empresarial y otros incentivos para hacer crecer la torta que se reparte. También es cierto que si fuéramos más serios con los derechos, el control de los márgenes de utilidad de la provisión privada de algunos sería otra cosa.

@DanielMeraV