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Y concepto del MinEducación pide archivar proyecto de ley que restablece asignatura de Historia.
El Gobierno ha hecho dos cosas que nos recuerdan cuánto le importan la cultura histórica y la opinión de la gente que se preocupa por ella. Los temas de fondo son el contenido de la identidad nacional y el pensamiento crítico que se debe formar en los estudiantes, pero veamos los hechos:
1) Con dos años de atraso, está circulando para la firma de los ministros el decreto que crea la “comisión de expertos para la Conmemoración del Bicentenario de la Independencia Nacional (…) el día 7 de agosto de 2019”, con 11 integrantes, de los cuales solamente tres pueden considerarse expertos. Cinco son ministros, más el director de Planeación Nacional, el secretario jurídico de Presidencia y un representante de la Federación de Departamentos.
Este decreto ad portas de expedirse desarrolla el feliz artículo 257 del Plan de Desarrollo, Ley 1753 de 2015, que no fue iniciativa del Ejecutivo sino de la representante verde Sandra Ortiz. La comisión de ministros “expertos” —o sus delegados— es la mejor manera de conseguir que el bicentenario de la batalla decisiva para la Independencia retrate nuestra ignorancia e indolencia con la historia nacional. (Ver “El regreso del Bicentenario de la Independencia”).
El año entrante cambia el Gobierno y se irían ocho miembros de la comisión, y sus remplazos tendrán temas más urgentes en el primer año de mandato. Pero el punto increíble es: ¿no pueden averiguar quiénes son los expertos para el Bicentenario? ¿Le costaba mucho al presidente Santos llamar hace dos años a Jorge Orlando Melo y a Adolfo Meisel —que deben ser los dos únicos que conoce— y pedirles que lideraran la conmemoración?
Sí le costaba, porque en 2010 suprimió la Consejería Presidencial para el Bicentenario de la Independencia y liquidó la Fundación Bicentenario. Como anoté en “¿Comenzó o terminó el Bicentenario?” (25 de agosto, 2010), “aparentemente, el Gobierno del presidente Santos piensa que terminó, mientras universidades, departamentos, ciudades, academias de historia y organizaciones civiles piensan que comenzó”.
Nuestra independencia fue un proceso político y militar entre 1810 y 1819, por la Batalla de Boyacá, o 1821, por la Convención en Villa del Rosario de Cúcuta, como dice Armando Martínez Garnica, o 1823, por la Batalla del Lago de Maracaibo. En cualquier caso, conmemorar solo el bicentenario del 20 de julio de 1810 era un poco no querer oír o leer. Era “parecer una nación que no honra a quienes dieron la vida en su proceso fundacional”. (Ver “¿Bicentenario ingrato de los mártires de 1816?”). En suma: todavía pueden reconsiderar ese decreto.
2) El Ministerio de Educación envió al Congreso un concepto negativo sobre el proyecto de ley que busca “restablecer la enseñanza obligatoria de la historia como una asignatura independiente en la educación básica y media”, que es una modificación puntual de la Ley General de Educación (115 de 1994).
Como se recordará, la discusión pública iba en que estábamos hartos y preocupados por ser “un país de analfabetas históricos”, para usar una expresión de Javier Guerrero, presidente de la Asociación Colombiana de Historiadores. (Ver el estupendo informe de 2013, «Historia, la gran materia olvidada en las aulas»).
Pues bien: el equipo de la senadora Viviane Morales hizo un gran trabajo de consulta a la mayoría de facultades y departamentos de Historia de universidades públicas y privadas, a la Academia Colombiana de Historia, a la Asociación Colombiana de Historiadores, a investigadores consagrados del subcampo, a docentes de colegios, y recogió conocimientos en dos seminarios académicos especializados. Le salió un proyecto de ley sólido, que ya pasó los dos debates en Senado.
Pero el Ministerio de Educación decidió solicitar su archivo porque no lo considera conveniente ni necesario, con tres razones fácilmente controvertibles. Sin embargo, lo primero que llama la atención es que el MEN ignore la realidad educativa en esta materia e ignore el consenso experto. Su mensaje es “tranquilos, que estamos bien”. Y no, rotundamente no.
Es de esperar que la Cámara de Representantes haga audiencia pública en la próxima legislatura y habrá que ver al Ministerio defendiendo que “desde el punto de vista pedagógico, no resulta pertinente limitar la enseñanza de esta área del conocimiento al desarrollo de una asignatura específica”. Como si en pedagogía hubiese un solo enfoque válido y como si no se tratara de la formación de la conciencia de la nacionalidad (y ya se sabe que una cosa es enseñar historia en primaria y otra en secundaria).
Las otras dos razones del MEN son que la legislación necesaria ya existe, lo que es parcialmente cierto, y que ha impartido directrices técnicas desde 2002. Ajá. Por supuesto, el proyecto de ley se puede mejorar, y para eso son los debates reglamentarios en el Congreso, pero el concepto del Ministerio es un portazo, archívese. Curioso que un Gobierno presidido por un megalómano histórico trate así a la historia de su país.
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