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“Protección arancelaria a cambio de inclusión de pequeños propietarios de tierra en el corazón del negocio del etanol”, hubiese enriquecido la discusión.
A juzgar por el coro en defensa de aranceles muy altos a la importación de azúcar, este es el capitalismo que queremos. Los partidos políticos no encontraron nada qué agregar a los argumentos de Asocaña. Suele decirse que el poder de este gremio los inhibe. Tal vez. Pero también puede ser que no se imaginan nada mejor.
Al fin y al cabo, el sector azucarero es modelo en productividad y en responsabilidad social. Y en gestión de las comunicaciones para establecer el marco con el cual se le evalúa. Que son intensivos en agua; “cuidamos las cuencas hidrográficas”. Que la educación …; “apoyamos 20 colegios, alfabetizamos adultos, hacemos inclusión tecnológica de niños”, y así. Buenas respuestas para preguntas estandarizadas.
Solo que podemos modificar el marco y las preguntas. El sector también es modelo de negocios surgidos de la mano amiga en el Gobierno que beneficia a unos pocos, de sobreprotección, de prácticas anti-competitivas y, hasta hace poco, de modelos laborales mezquinos. Todo eso hay que superarlo por muchas razones, incluida la del ingreso a la Ocde.
Luego está la cuestión de si queremos o no un capitalismo inclusivo que disminuya la desigualdad de ingresos. Seguramente todos dirán que sí.
Pues bien: si es tan difícil discutir la rebaja del arancel al azúcar, veamos el trato completo con la posibilidad de que un porcentaje de los propietarios de los 800 predios con menos de 10 hectáreas sean socios de una planta de etanol. Que ellos participen de la verdadera creación de riqueza que beneficia hasta el momento a cinco de los 13 ingenios.
¿No porque no tienen capital? Es un problema que se resuelve cuando el poder político apuesta por una variante incluyente o popular de capitalismo. Aunque bastaría recordar el “error” de la fórmula del precio del etanol que estuvo perjudicando a los consumidores para traer un plano moral y ético a la discusión.
Los pesos extras que paguen los consumidores podrían ir a un fondo para capitalizar a los pequeños cultivadores de caña como socios de una destilería, no a los ingenios, si es que nos ponemos a buscar soluciones. Lo primero es la decisión política sobre el espíritu del capitalismo en Colombia, que parece lejos de ser tomada por los partidos del coro de congresistas (incluida la izquierda), o que han tomado inadvertidamente (viendo el árbol, no el bosque).
Con esta decisión, será fácil ver, por ejemplo, que la ley podría hacer que los ganadores de grandes licitaciones del Estado tengan que ejecutar un 15% del contrato con participación de pequeñas empresas, lo que dinamizaría la formalización y la inclusión productiva, aprendiendo de una experiencia de Estados Unidos.
Si volver a campesinos socios de negocios rentables que prodiga el Estado suena exótico, ahí está el experimento de Carlos Murgas con alianzas productivas en la industria de palma de aceite, que ha salido bien. Por lo demás, esto también tiene que ver con qué tan desigual se imaginan el país los dueños del capital.
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