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Lo primero es explicar por qué en el mundo son muy pocas las universidades que eligen rector por voto directo de sus estamentos, que es lo que piden al reclamar que el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Nacional debía designar a Leopoldo Múnera por haber ganado la consulta universitaria.
Son dos las razones fundamentales: i) la autonomía universitaria es relativa, y ii) la naturaleza meritocrática de la universidad como institución.
La autonomía absoluta no existe en el seno de un Estado democrático porque los contribuyentes sostienen la búsqueda concurrente de unos fines de la nación y por eso se hacen necesarios unos controles determinados. De ahí que la Constitución del 91, art. 69, haya remitido al Congreso la definición de la autonomía universitaria.
“Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado”. A nadie se le ocurrió que cada universidad pudiera darse sus estatutos con autonomía total, sin un marco legal, por una noción básica de ordenamiento jurídico y Estado.
Y la ley, el Congreso, adoptó una instancia de gobierno universitario que integra al gobierno nacional, a autoridades académicas y a representantes “estamentales” (un profesor y un estudiante), muy parecida a la del Decreto 80 de 1980. Esa instancia escoge al rector de candidatos que surgen de un proceso democrático interno.
En general, hay equilibrio, contrapesos, deliberación y ponderación en la fórmula para mantener la autonomía universitaria relativa, especialmente por el rol del Consejo Académico, integrado por los decanos. Esta sofisticación admite mejoras, claro, pero un rector de elección directa y un CSU como los conocidos requieren un análisis que no se ha hecho.
Así que el presidente Petro está haciendo una frase que genera riesgos cuando escribe: “Se instituyó en la Constitución la autonomía universitaria, pero la autonomía no ha sido acompañada de la democracia universitaria que debe ser constituida”. Democracia universitaria existe, y más bien uno de los problemas es el bajo nivel de participación.
Y la ministra está poniendo las cosas al revés con: “Transformar el sistema de educación superior de Colombia es fundamental para democratizar la toma de las decisiones”. Lo segundo no es el objetivo ni un fin en sí mismo (“democratizar más”, deberían precisar). Necesitamos mejorar la toma de decisiones (y no incumbe solamente a los CSU) como un aspecto clave para transformar la educación superior, con fines de productividad y equidad.
La naturaleza de la universidad no es democrática porque en sus funciones la autoridad no emana de la legitimidad popular, sino de la validación a través de reglas y mecanismos que no están sometidos a comicios. La dedicación a la misión del conocimiento, su producción, reproducción y aplicación desarrolla una cultura académica donde la opinión de cada individuo no vale lo mismo, donde la opinión de la mayoría no hace que una razón sea más válida. Asimilar la universidad a la sociedad y extralimitar el uso de mecanismos político-electorales en aquella va en contravía de la naturaleza de la primera y de los intereses de la segunda.
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