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El Ministerio de Educación presentó un proyecto para modificar dos artículos, 86 y 87, neurálgicos de la Ley 30 de 1992, que busca “establecer un nuevo modelo de financiamiento para las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas”. De entrada, tenemos un desacuerdo fundamental: necesitamos un modelo de financiamiento para un sistema de educación superior o terciaria, no solamente para las IES públicas.
El “sistema” resultaría, en primer lugar, de reconocer igual legitimidad a las instituciones estatales y privadas para promover su coordinación en respuesta a las necesidades de la sociedad y la economía, algo que este gobierno no hará por su sesgo estatista. Es un cambio cultural que facilitaría muchas opciones de política pública.
Llevamos cinco años (en realidad, más), desde los efectos del paro universitario de 2018, haciendo lo que el gobierno quiere intensificar por reforma de ley: incrementando las transferencias de la nación, 2,3 billones de pesos corrientes en el lustro, y el ministerio va a las comisiones sextas del Congreso sin una evaluación de impacto en cobertura, calidad, equidad y pertinencia de ese esfuerzo fiscal. Subestiman a los congresistas.
La distorsión cultural se observa en que nos obligan a sostener en las universidades estatales un régimen salarial y prestacional docente que ningún ministro de Educación mantendría en una universidad privada: uno sin topes de remuneración, porque las publicaciones no tienen una única bonificación, sino beneficios salariales.
Es antiético y antitécnico reformar los artículos 86 y 87 sin haber corregido el régimen del Decreto 1279/2002, lo que controlaría los costos y permitiría una mejor planeación financiera, sin la corrupción que inducen las revistas depredadoras. Pero les da igual, pues lo suyo es alimentar los grupos de interés que se movilizan.
También sería un error comprometer $18,7 billones sin tener idea de cómo se va a ajustar gradualmente la composición de la oferta de pregrados para sintonizarla con las prioridades nacionales del desarrollo económico y social, es decir, con el futuro.
Tenemos pocos estudiantes en “Ciencias Naturales, Matemáticas y Estadística” (61.892 a 2022), muchos en “Administración de Empresas y Derecho” (876.101), y más del triple en “Ciencias Sociales, Periodismo e Información” (260.761) que en “Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Veterinaria” (72.512), por ejemplo. ¿$18,7 billones para reproducir la oferta que tenemos?
Error también es gastar más en educación superior sin ocuparse del SENA, que representa cerca del 20 % de la matrícula pública de pregrado (405.000), una gran pieza suelta intocable, y sin saber la reforma que haremos de la educación media (grados 10 y 11), que es urgente, y le pega a la superior.
En un “sistema”, sabríamos el costo por estudiante de cada institución, estatal o privada, y con unos indicadores de calidad y de empleabilidad, podríamos decidir dónde conviene financiar la oferta y dónde la demanda (sin importar el color del gato), con gratuidad diferencial y todos retribuyendo una parte a la sociedad, contingente al ingreso. Un verdadero cambio, no la profundización del statu quo que les fascina.
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