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Súplica al presidente Duque para no repetir lo que pasó con los estudiantes en paro.
Fecode hará este jueves 14 su primer paro injustificado del año y presentará al Ministerio de Educación su pliego de peticiones. El año pasado hizo los paros nacionales que quiso: en febrero, mayo, julio, octubre, de 24 horas, de 48 horas. Cada ministra y medio país dicen que son “injustificados”. Fecode, obviamente, piensa lo contrario.
Si el gobierno Duque se plantea estas dos preguntas: i) ¿hay una batalla para dar por la reforma de la educación? y ii) ¿voy a escoger la batalla por la educación?, y se responde “sí”, entonces la primera línea de un pacto equilibrado sería decirle a Fecode, con cariño y respeto:
“Necesitamos un árbitro sobre la legalidad de los paros docentes, pues en un Estado de derecho no se decide ante sí y para sí sin ningún control”.
Si la educación es un “servicio público esencial”, la regulación de su suspensión debe ser más estricta. El artículo 56 de la Constitución “garantiza el derecho a la huelga, salvo en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador”.
Por jurisprudencia de la Corte Constitucional (Sentencia 423/96), la educación ostentaría tal naturaleza, pero la Corte no es el legislador, así a muchos les encante que se comporte con frecuencia como si lo fuera.
Como el legislador no ha hecho esa definición, se puede llevar con mensaje de urgencia un proyecto de ley al Congreso para que el derecho a la educación de los niños sea protegido frente a la huelga por negociaciones de condiciones de trabajo o por movimientos político-ideológicos (solidaridad no tan implícita con Maduro, por ejemplo).
Esto marcaría otro tono y estrategia con Fecode para tratar de superar el pésimo legado de Santos en esta materia. La opinión pública entendería perfectamente de qué se trata.
La segunda línea, casi roja, sería ya no seguir con el problema de la atención en salud de los maestros como motivo de los paros recurrentes. Décadas de deficiencias de ese régimen especial deberían llevar a estudiar seriamente el traspaso de los docentes activos, jubilados y sus beneficiarios al régimen contributivo manteniéndoles los privilegios.
Y a sincerarnos y a explicarle al país: la economía política de la atribución del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) de escoger múltiples prestadores del servicio de salud por más de cinco billones de pesos es el primer obstáculo real para encontrar la solución al tema.
La tercera línea es vincular la evaluación docente con los resultados de la enseñanza, fundamental para el propósito nacional de mejorar la calidad de la educación pública. Fecode aspira a un único estatuto docente, con el interés de quedarse con las condiciones de ascenso del Decreto 2277 de 1979, sin evaluación, y las remuneraciones más altas del Decreto 1278 de 2002, cosa que se comería cualquier financiación sin ayudar a elevar la calidad.
En el actual sistema de evaluación no importa si los niños han aprendido o no. Y nuestra educación pública se ha ido poblando de instituciones donde los estudiantes celebran los paros docentes y las asambleas asociadas porque no tendrán que ir a aburrirse al colegio, mientras madres y padres de familia se preocupan sobre todo porque no tendrán “guardería” ni alimentación escolar para sus hijos. Incluso en el aula se dan acuerdos entre docentes y estudiantes para no hacer clase productiva.
Agudizando un poco la observación aparece una crisis de la educación, cuyo principal componente no es de financiación. Habría que comenzar por “Desamarrar de Fecode la política educativa” (mi columna de 11/mayo/2018) y por poner los ojos de los colombianos en las instituciones educativas (“App, aula de clase y sociedad”, 02/julio/2016).
Como vamos, la educación no ayudará ni a la equidad ni al desarrollo productivo. Se necesita un plan de cambio en el sistema y una coalición que lo sostenga más allá de un periodo de gobierno.
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