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No hay una sola manera de enfocar a la población afrocolombiana.
Con dos ejemplos prácticos: discriminación positiva étnica (DPE) es asignar dos cupos por programa de pregrado en universidades estatales para admisión especial (competencia en subgrupo). Universalismo dirigido (UD) es invertir más en estrategias sostenidas para mejorar la calidad de la educación en subregiones rezagadas y lograr así que sean admitidos más de dos, sin límite, en competencia abierta. En Colombia hacemos lo primero como medida definitiva, no lo segundo.
DPE es apoyar con un pequeño capital a una muestra de emprendedores de negocios en una ciudad de gran mayoría de población afrocolombiana y llamarlo inclusión productiva. UD es proveer condiciones para que pueda florecer un clúster en la ciudad y no sean decenas, sino centenares o miles los que ven aumentar sus ingresos de modo sostenible. En Colombia tenemos a muchos pensando en lo primero, no en lo segundo.
Con dos o cuatro cupos por pregrado, admitidos por debajo del estándar, la población nunca va a lograr la inclusión que requiere en la educación postmedia para progresar en términos económicos y sociales a la par con el resto del país. De hecho, no todos los cupos se llenan por una u otra razón. Llevamos 30 años en esta trampa (“artificio de caza que atrapa a un animal y lo retiene”) y, sin embargo, pocos se muestran aburridos. Es como si los resultados no les importaran.
En ciudades de 80 % de población negra, donde evidentemente se necesita capital, know how y socios empresariales, talento humano capacitado, conectividad digital y vial, instituciones públicas y privadas, una cultura laboral ajustada, que son requisitos de carácter universal para el desarrollo, hay visiones y grupos que piden una política de desarrollo económico étnico, que terminan por entorpecer la instalación de las condiciones habilitadoras del progreso.
Los grupos activistas pueden pedir lo que quieran; el problema es que tienen mecanismos institucionales para imponer su visión, como la consulta previa de una segunda línea de transmisión de energía eléctrica para una ciudad de 400.000 habitantes, retrasada por unas pequeñas comunidades rurales manipuladas. Con DPE, el grupo étnico organizado se toma la vocería de la mayoría y ejerce un poder de cuasi veto; con UD, la mayoría se expresa a través de sus autoridades políticas con legitimidad democrática.
En palabras del Instituto de Otredad y Pertenencia de la Universidad de California en Berkeley, “el universalismo dirigido es una estrategia de desarrollo de políticas que persigue objetivos universales con medidas, programas o intervenciones específicas o adaptadas. Es una ruta diferente para reducir disparidades. Busca elevar a todos los grupos a un punto de aspiración común, aunque pueda tomar diferentes caminos o esfuerzos distintos para lograr ese objetivo”.
Así que en Colombia lo que deberíamos hacer es ponernos de acuerdo sobre objetivos universales. Por ejemplo, una sociedad de clases medias, sin rezago de los afrocolombianos, lo cual supone un enorme esfuerzo de nivelación. El asunto es que una respuesta honesta intelectualmente de la mayoría de los defensores a ultranza de la DPE sería “no queremos su sociedad de objetivos universales, occidental y moderna”. Lo que se entiende de los indígenas, y se acepta, pero de los negros es una imposición y una ficción.
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