Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
En mayo escribí aquí: «La Reforma inconsulta ya fue derrotada en la discusión pública y en las calles. Llevarla al Congreso es seguir con la estrategia equivocada, pero, ¿qué otra cosa puede hacer la ministra?».
En 15 meses del gobierno Santos ha habido “bastante calor y poca luz” en este frente. Lo que sigue es tarea para un Armando Montenegro o un Antanas Mockus disciplinado. La ministra Campo o desiste de la reforma, a todas luces necesaria para la “prosperidad colectiva”, o consigue una salida digna.
Se dijo que el entonces secretario general, Juan Carlos Pinzón, convertiría a la Presidencia en un tanque de prospección y control estratégico de gobierno. La forma como la administración Santos perdió el liderazgo en esta iniciativa de reforma muestra que seguimos con un manejo artesanal y en extremo improvisado de las crisis. Se anunció el retiro del proyecto de ley sin ofrecer un derrotero y unas ideas fuerza para orientar la discusión. El problema de esto es que solamente el Gobierno puede conducir la “operación de compromisos y de concesiones” de los actores interesados para llegar a la mejor reforma posible. Un Ministerio debilitado es un mal comienzo, un año largo después.
Aunque el concepto de ‘unidad nacional’ parlamentaria se está desinflando, porque no sirve para sacar adelante reformas difíciles o impopulares, insistamos en que la unidad nacional en la educación superior podría ser un acuerdo donde todos queden muy contentos y descontentos al tiempo. Si en la mesa de concertación cada actor puede ganar lo que sólo en sueños había considerado, a cambio de ceder en lo que ha sido innegociable, probablemente nadie se levante de la mesa. La cuestión es que el Gobierno sepa qué rompecabezas quiere armar y qué piezas dependen de quiénes, en una perspectiva de sociedad más allá del movimiento inercial del statu quo. Esa luz, luego de tanto calor, no aparece a primera vista.
Por ejemplo, hay que conseguir el respaldo o la tolerancia de los estudiantes para la reforma estructural e institucional de la educación superior, que no es lo mismo que ha propuesto el Gobierno. El reclamo estudiantil que se puede procesar es redistributivo (“no queremos estudiar cinco años y pagar durante quince”). Técnicamente, en un compromiso con la equidad y la movilidad social, se les puede mostrar a los estudiantes que se están quedando cortos al cuestionar nada más los subsidios a la demanda vía Icetex.
Además de aumentar la cobertura pública, es posible darles un sistema de bienestar estudiantil con residencias (no administradas por las universidades), para de verdad enfrentar la deserción. Lo más parecido al socialismo, que no se han atrevido a pedir en concreto, a cambio de que se traguen varios sapos, como el papel del mercado en todo el sistema de educación superior. Que como resultado del poder estudiantil formado por las marchas de 2011 empiecen a construirse complejos de residencias estudiantiles en ciudades grandes e intermedias, como megaproyectos de impacto urbanístico. Y ya entrados a repensar en grande el sistema postsecundario, hay que darles buenos argumentos e incentivos a los rectores para superar el tradicional “más plata y más autonomía”. Y así también con profesores, trabajadores, padres de familia, el sector privado.