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El periplo por carretera de 7 toneladas de cocaína, desde Buenaventura hasta Cartagena, ofrece el ejemplo perfecto de cómo la política de drogas del Gobierno colombiano podría hacerse más eficiente y más respetuosa de los derechos humanos si sólo siguiera sus propios consejos.
Colombia debería dejar ya de invertir dinero en fumigación aérea de cultivos ilícitos y reinvertirlo en esfuerzos de interdicción de drogas cuando son transportadas y en la destrucción de laboratorios sofisticados.
El presidente Santos ha dicho en reiteradas ocasiones que la lucha contra las drogas debería llevarse a cabo basada en evidencia científica. La que existe hasta ahora, validada dentro del debate académico, sugiere que es mucho más eficiente atacar el negocio de la cocaína en las etapas de producción en laboratorios y cuando es transportada de éstos lugares hasta sus diversos puertos de salida al exterior que fumigando los cultivos de coca.
Un estudio de dos economistas de la Universidad de los Andes (Mejía y Restrepo, 2011) calcula que el costo de sacar un kilo de coca del mercado fumigado es de US$240.000. En la etapa de interdicción este costo se reduce a US$97.000. Es decir, a los colombianos que financiamos la lucha contra las drogas con nuestros impuestos nos vale 2,3 veces más que la Policía fumigue a campesinos que cultivan coca, frente lo que nos cuesta que esa misma Policía incaute drogas en los puertos y carreteras del país.
Para ilustrar esta idea, el valor en el mercado europeo de las 7 toneladas de cocaína incautadas por la Policía en Cartagena es de US$242 millones, más del doble de lo que recibirá el Gobierno de Colombia de EE. UU. (US$117 millones) en 2015 para luchar contra las drogas, la mayoría del cual está destinado a fumigar. Estos US$242 millones son un dinero que los narcotraficantes, que funcionan con una lógica empresarial, no recibirán. Aún más, es un golpe que hace menos lucrativo el negocio de la droga y reduce los incentivos para seguir comprando las hojas de coca que cultivan los campesinos.
Por eso, si uno mira la relación entre el área de coca cultivada frente a los distintos esfuerzos de lucha contra las drogas, encontrará que la correlación más cercana entre la disminución de cultivos se da es con las incautaciones y no con la fumigación.
Este cambio de enfoque policivo —dejar de atacar la oferta de materia prima para hacer la cocaína, y concentrarse en su interdicción— dista de ser un paso revolucionario contra la prohibición de las drogas. Sin embargo, parece pertinente insistir, sobre todo cuando nos enteramos de que 7 toneladas de cocaína se pasearon por debajo del bigote del general Palomino mientras él salía a los medios a defender su tajadita de plata gringa para la fumigación.
¿O es que la Policía Nacional se siente más cómoda comprando glifosato y pagándoles a pilotos gringos para que fumiguen que tapando los huecos de corrupción que hace de nuestros puertos y carreteras una coladera de cocaína prensada?
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