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Cuando Petro votó por el procurador en 2008, poco antes de dejar el Senado, su decisión causó una gran discusión en su círculo interno.
En ese entonces Petro alistaba su candidatura a la Presidencia. Sus peleas intestinas con la izquierda radical del Polo, del que todavía hacía parte, lo tenían obsesionado por mostrarse como un político capaz de lograr consensos con figuras diametralmente opuestas ideológicamente.
Petro pensaba que su única opción de capturar un voto mayoritario en el país era proponiendo un nuevo “acuerdo sobre lo fundamental”, al estilo de Álvaro Gómez, que capturara la imaginación del espectro político. Al mismo tiempo, siguiendo una vena más pragmática, Petro pensó que podía lograr acuerdos con Ordóñez, que en ese entonces ya era claro tenía los votos suficientes para ser elegido, incluso sin el de Petro. De ahí salió un tenue pacto mediante el cual Ordóñez se comprometía a respetar los avances en el tema LGBT. Finalmente, también hubo un aspecto clientelista. Diego Bravo, uno de los asesores de Petro que más empujaron al senador para romper filas con la bancada del Polo y apoyar a Ordóñez, fue nombrado, poco después, como procurador delegado ante el Consejo de Estado.
Que hoy Petro reciba una notificación de muerte política por parte de Ordóñez suena a justicia poética, con tono de tragedia. Todo salió al revés. El talante autoritario y polarizante de Petro se impuso sobre su fantasía electoral del “acuerdo sobre lo fundamental”, Ordóñez procedió a pisotear las promesas de defensa de los derechos LGBT y Diego Bravo terminó haciendo parte de la bolsa de los destituidos.
Todo esto para decir que el procurador que tenemos hoy es un engendro creado en parte por Petro; pero también por Uribe y por Santos, por el Senado y sus cuotas, por el Consejo de Estado y las suyas, por la Corte Constitucional y sus fallos. Sus víctimas no son el alcalde, ni los otros destituidos. El exsuperintendente Financiero le puede agradecer al presidente Santos que ternó a una magistrada sin posibilidades de enfrentarse al tren de reeleccionista del procurador el año pasado. Ordóñez es un Frankenstein cosido por la institucionalidad colombiana, un retazo de culpas que no será detenido ni por apelaciones, tutelas o fallos.
Ayer Ordóñez dio un paso al vacío. Tachó con su pluma leguleya la elección del segundo cargo más importante del país. Por un exceso administrativo castigó a un líder que había sido ya perdonado por haberse alzado, años atrás, en armas contra el Estado.
Pero la movilización no puede quedarse en la Plaza de Bolívar. Para descoser a Ordóñez habrá que abrir la caja completa de sus expedientes. Sin el estómago para resucitar a Piedad Córdoba y a Andrés Felipe Arias, por ejemplo, la causa de Petro está perdida. Al procurador hay que hacerlo llorar por ambos ojos.