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La semana pasada, durante una ceremonia de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) en el Hotel Tequendama, más de 180 personas se graduaron como ciudadanos colombianos. De toga y birrete, hombres y mujeres, celebraron con su familia la entrada definitiva a la sociedad, luego de haber pasado hasta seis años en un proceso de reintegración luego de salir de grupos armados.
De toga y birrete, hombres y mujeres, celebraron con su familia la entrada definitiva a la sociedad, luego de haber pasado hasta seis años en un proceso de reintegración luego de salir de grupos armados.
Esta historia tiene hoy una relevancia especial porque ya en La Habana llegó la hora de las definiciones en el tema de desarme, desmovilización y reintegración. Hoy no sabemos quién va a reintegrar a los excombatientes de las Farc. ¿Será el Estado o las guerrillas mismas? ¿Será un proceso colectivo? ¿Habrá la opción de hacerlo de manera individual?
Cuando aún no se habían definido los acuerdos básicos de justicia y víctimas estas preguntas parecían algo precoces. Pero con los temas más gruesos ya resueltos, es hora de pensar en serio qué va a pasar con la reintegración de personas que llevan décadas en la guerra.
Además, de lo que se decida en Cuba dependerá de alguna medida el futuro del proceso institucional que ha logrado la ACR en más de una década de aprendizaje. El programa es reconocido como un caso de éxito a nivel internacional. Ha graduado a más de diez mil personas de un proceso que aporta herramientas de trabajo y ciudadanía. El 76% de los graduados no ha reincidido y la mayoría tiene empleo. Si se compara con la cárcel, para dar solo un ejemplo, donde la tasa de reincidencia es superior al 70%, la ARC ofrece un modelo que vale la pena conservar y replicar.
Sin embargo, tiene dos retos importantes por delante. El primero, paradójicamente, la posible falta de excombatientes para justificar su funcionamiento. Actualmente hay casi 27 mil desmovilizados aún en el programa; la mayoría proviene de las desmovilizaciones colectivas de los paramilitares e individuales de las Farc. Si las Farc se reintegran bajo un programa separado al de la ACR, como es previsible que lo querrán hacer, en cinco o seis años el programa habrá graduado a la mayoría de sus integrantes y no podrá justificar su existencia con las capacidades actuales (entre el 2006 y el 2014 costó alrededor de USD$680 millones).
El segundo reto será su inclusión, como se rumora que sucederá, bajo el nuevo ministerio del postconflicto que encabezará Rafael Pardo. Más allá de las cualidades de Pardo, la disolución de la agencia en un ministerio del Partido Liberal genera entendibles dudas sobre la independencia del programa. El éxito de la ARC, después de todo, se debe en parte a su funcionamiento ajeno al mercado de favores y puestos políticos, como han coincidido en señalar sus directores, desde Frank Pearl, pasando por Alejandro Eder, y actualmente Joshua Mitrotti.
Más allá de lo que pase en La Habana, de cuál sea la estructura burocrática del postconflicto, sería una gran pérdida dejar que lo que ha logrado la ACR se pierda. No solo es un modelo de superación del conflicto, sino un potencial insumo para la verdadera paz del país; la que va más allá del conflicto armado, la de las cárceles, hogares rotos y cientos de miles de marginalizados de nuestra sociedad.
@danielpacheco