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Desde el paro cívico de 1977 no había una jornada de violencia de magnitud similar en Bogotá. En ese entonces fueron 19 muertos y cientos de heridos, un día también de septiembre hace 43 años. Las protestas organizadas por los movimientos sindicales contra el gobierno de López Michelsen fueron reprimidas con Policía y Ejército, y fueron tantos los detenidos que se tuvo que habilitar la plaza de toros como centro de reclusión temporal.
La semana pasada, en dos días de protesta contra la violencia policial, murieron por heridas de bala 13 personas en Bogotá y Soacha, y más de 70 resultaron heridas con arma de fuego. Los muertos y heridos, varios registrados en videos, fueron sin duda causados en su mayoría por el uso indiscriminado de la fuerza por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá. No hizo falta la plaza de toros, porque el propósito de la autoridad se limitó a disparar. Setenta personas heridas de bala, como dijo la alcaldesa López, no se veían ni siquiera en los peores combates del Ejército con las Farc. En esta ocasión el hiperbólico Gustavo Petro tiene razón, hubo una masacre en la capital (y ojalá tenga al menos la duda de si sus trinos contribuyeron a fomentar parte de la violencia).
Si bien casi 150 policías resultaron heridos —“varios”, según el secretario de Seguridad de Bogotá, por arma de fuego—, no hay hasta ahora cifras que permitan justificar el exceso de fuerza. La ubicuidad de estas imágenes hace innecesario esperar “las investigaciones correspondientes” para poder atribuir responsabilidades a la fuerza pública.
Eso lo reconocen desde la Alcaldía. Con una mezcla rara de empatía con la ciudadanía y reconocimiento de los límites de su poder, Claudia López ha liderado una postura clara de denuncia de los excesos criminales de la Policía. No deja de ser sorprendente el reconocimiento de que no tiene poder sobre la Policía, sobre todo cuando en su campaña dijo que “la jefatura de policía no se puede delegar, seré la jefa de policía que hará temblar a los delincuentes”. Si no tiemblan ni los patrulleros, qué estarán pensando los ladrones.
La Policía Metropolitana de Bogotá estaba acéfala la semana pasada. Su comandante, el general Gómez, seguía convaleciente por una infección de coronavirus que lo llevó hasta una UCI. Si a la alcaldesa no le hacían caso, ¿quién manda en Bogotá? Al escribir esta columna, ni un comandante había sido removido de su cargo, luego de la jornada de violencia policial más grave en 43 años.
Las nuevas justificaciones del gobierno Duque, de infiltración de Eln y disidencias de las Farc, son patéticas. Ni ellos se las creen. Por algo salió el ministro de Defensa a pedir perdón por la muerte de Javier Ordóñez. Fue ese video el que prendió la mecha en la ciudad.
Una mecha que estaba cargada de gasolina. Además de la pregunta sobre responsabilidades puntuales e ineludibles de la Policía, de su desprecio por la dignidad y la vida de los ciudadanos, en esta discusión no se puede olvidar la responsabilidad acumulada del Ejecutivo y el Legislativo.
El primero, desde la Presidencia, las alcaldías y gobernaciones, ha convertido a la Policía en los últimos seis meses en el cuerpo multipropósito de control social de sus excesivas, punitivas y contradictorias medidas en la pandemia. ¿Cuánto del profundo malestar que se le cargaba a la Policía y que explotó la semana pasada encuentra su raíz en los dictadorzuelos pandémicos? Según la encuesta Gallup, la imagen desfavorable de la Policía saltó de 23 % a 57 % entre febrero y junio de 2020.
Segundo, desde el Congreso aprobaron en el 2016 el nuevo Código de Policía, con una infinidad de multas ridículas, con las que ahora los policías deben sancionar a los ciudadanos. Cuando esa facultad entró en vigencia se ponían, según datos de la FIP, alrededor de 1.500 multas diarias. A finales de 2018, iban en 3.500 al día. Multas tan estúpidas como un salario mínimo por orinar en la calle, que la Policía orienta sobre todo a hombres jóvenes, son parte de la explicación de por qué en una noche la gente salió a quemar los CAI.
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