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El presidente de la República se ha convertido en el mayor lastre para la refrendación de los acuerdos de paz que eventualmente salgan de La Habana. Ese lastre hay que cortarlo.
La mala hora de Santos, retratada en varias encuestas, está haciendo que varias voces que apoyan el proceso de paz se estén alineando contra atar la suerte de los acuerdos al voto popular, a través de un plebiscito. Este debate se da, y busca influir en el examen de constitucionalidad que hace ahora mismo la Corte Constitucional sobre la ley aprobada por el Congreso para hacer el plebiscito.
María Jimena Duzán, por ejemplo, se basa en un cálculo de realismo político para oponerse a la refrendación. Dice que hacer el plebiscito en medio de la baja aprobación presidencial (de alrededor del 30%) es un “suicidio político” pues la votación se convertirá en un referendo sobre la gestión del presidente. Una gestión atravesada por varias crisis externas al proceso de paz que podrían terminar hundiendo el plebiscito, o aprobándolo por un margen pequeño y “enmermelado” que sólo acentuaría la polarización política y el clientelismo en el país.
Por otro lado, hay quienes se oponen al plebiscito desde una aproximación legal. Dicen que, como la paz es un derecho que otorga la Constitución, sería ilegal vincular legalmente ese derecho al resultado incierto de una votación. Este es el argumento de la Fiscalía para oponerse al plebiscito.
Finalmente, están quienes se oponen a la refrendación con argumentos morales. Dice Álvaro Sierra, por ejemplo, que sería una “profunda injusticia” que aprobaran o desaprobaran los acuerdos las grandes mayorías urbanas que no han sufrido el castigo del conflicto, mientras que los pocos votos rurales, de quienes han pagado con sangre la guerra, valdrán muy poco en el plebiscito.
Aunque tienen fundamentos distintos, todos estos argumentos en contra comparten una cosa: se basan en el temor de que el plebiscito fracase. Ninguno de los peros de los argumentos realistas, legales o morales en contra de la refrendación aplicarían si el plebiscito es aprobado por una mayoría sólida.
En vez de bajar la vara, de jugarles al miedo y sus demonios, los sectores del país que apoyan este proceso deberían reaccionar para defender los beneficios únicos que una refrendación le traería al proceso. No se trata —como con vanidad insoportable lo repite Santos— de cumplir una promesa presidencial. Una votación importante por los acuerdos les daría una legitimidad y solidez, en Colombia y ante la comunidad internacional, que ningún otro mecanismo aporta. Sería la base más firme para enfrentar el futuro de controversias que se desatarán, con seguridad, en su implementación.
Para cortar el lastre presidencial, con el que también se irían al fondo el uribismo y las Farc, se necesita una convergencia amplia a favor del plebiscito. Una convergencia civil, política pero sin políticos, de víctimas, de organizaciones, de personalidades, de donde puedan surgir liderazgos nuevos que compensen la falta de credibilidad del gobierno Santos. Porque al final puede que el Nobel sea para el presidente, pero la paz, el fin del conflicto, es para nosotros.
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