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¿Estará a cargo de las mismas guerrillas o será un programa del Estado? ¿Individual, colectivo, o ambos? ¿Tendrán los combatientes la oportunidad de decidir sobre su proceso? ¿Se mantendrá la estructura actual de la Agencia Colombiana de Reintegración (ACR)?
Más allá de los temas peludos sobre los jefes guerrilleros (sanciones, y participación política) hay muchas preguntas y silencios sobre el proceso de desarme, desmovilización y reintegración. Por el paso aparente de las conversaciones en La Habana, especialmente la participación de una comisión de militares activos, hay ambiente para lanzar algunas ideas al respecto.
La pregunta más importante es quién será el encargado de liderar este proceso. No es difícil anticipar que como parte de la negociación las Farc no van a querer “soltar” a sus integrantes para que ingresen a un programa del Estado, especialmente uno como el de la ACR que ha recibido a miles de desertores de esa guerrilla.
De otro lado, sería impensable que el Gobierno accediera a permitir que las Farc asuman la responsabilidad exclusiva de reintegrar a sus combatientes. La idea de un tránsito de la vida militar a la civil (de la ilegalidad a la legalidad, de la clandestinidad a la ciudadanía) presupone el conocimiento del punto de llegada. ¿Qué saben las Farc de ciudadanía? Nada.
Además está el costo. De 2006 a 2014 la ACR se ha gastado US$680 millones reintegrando a alrededor de 40 mil excombatientes. Según estima Ariel Ávila, de la Fundación Paz y Reconciliación, las Farc, con hombres en armas, redes de apoyo y presos, serían 20 mil colombianos. Digamos que la reintegración de las Farc entonces cuesta la mitad. ¿Las Farc van a aportar y administrar US$340 millones? ¿El Estado los va a financiar? ¿Será una empresa “mixta”?
A la Cumbre contra el extremismo violento de la Casa Blanca, el evento citado por Obama para sentar la política de los aliados de EE. UU. contra grupos como el Estado Islámico, el invitado más importante de Colombia fue el exdirector de la ARC Alejandro Éder. La experiencia de la ACR tiene reconocimiento internacional por sus resultados. Por ejemplo, el 76% de las personas que han pasado por el programa han permanecido en la legalidad, y en los últimos cuatro años esta cifra asciende al 90%.
Dos de los puntos sobre los cuales insistió Éder en la cumbre, y reiteró el actual director Joshua Mitrotti en una reciente visita a Washington, son la importancia de coordinación con autoridades locales y territoriales, y la personalización del programa a las necesidades de cada excombatiente. ¿Las Farc, incluso atribuyéndoles las mejores intenciones y luego de una clara renuncia a las armas, podrían enfrentar un reto de este calibre técnico e institucional?
Si de la mesa de La Habana sale un acuerdo que no involucra las lecciones aprendidas por la burocracia colombiana en los últimos 10 años sobre reintegración, la paz en el posconflicto será esquiva y la legitimidad del acuerdo aún más difícil de sostener.
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