El gran chantaje

Eso quiere decir, en cristiano, que en La Habana las condiciones fueron impuestas por esa guerrilla desde un comienzo con tal eficacia que hicieron retroceder al gobierno en más de un asunto en temas de suma trascendencia. Hasta el punto que se aceptó sin reatos morales que Colombia está en una guerra, que además, lleva 50 años, que la guerrilla es equiparable al Estado y que el país debe ser redefinido.

En La Habana no hubo pues lo que se conoce propiamente como una negociación, un toma y dame o un forcejeo Los negociadores oficiales no parecían tener claro qué era lo defendían. La conciencia de culpa consignada en la idea del Alto Comisionado de Paz, el filósofo Sergio Jaramillo, según la cual el país tiene una deuda histórica, fue la enseña unificadora de una posición que se avergonzaba, de hecho, de asumir que se actuaba en nombre de una democracia legítima (con todos sus problemas incluidos) y en contra de unas guerrillas criminalizadas. La consecuencia fue una propuesta de enmienda para obtener el perdón por las injusticias del pasado. El alzamiento armado fue justo y era preciso resolverlo atendiendo la solución de sus causas objetivas redimiendo al campesinado supuestamente representado por esas guerrillas.

Ni tonta ni perezosa, la astuta dirigencia de las FARC tomó nota de esa confesión y la leyó como una demostración palmaria de debilidad. Recuérdese las declaraciones con risitas burlonas y llenas de espíritu provocador de sus jefes y la muy insulsa intervención de Humberto de la Calle en Oslo.

Ahora, para cerrar la “gran faena” el Gobierno convirtió a la mesa de La Habana en fuente de iniciativa constituyente -ahí ya tenemos una violación del orden constitucional-, la propuesta de elevar a Tratado especial los acuerdos introduciendo “el artículo” en la séptima sesión de debate de la nueva ley de orden público, es otro delito, violación del principio de consecutividad y por iniciativa de una organización aún por fuera de la ley.

Paso seguido, esa ley conduce a una emasculación de la función legislativa del Congreso que solo podrá aprobar o improbar los acuerdos de La Habana. También le otorga poderes especiales al presidente que viene a ser como entregar la conducción de un avión a un borracho. Otras dos violaciones al orden constitucional. De ahí pasará a la Corte Constitucional que, como en el Congreso, no lo podrá modificar o modular ni en una coma). ¿Si la Corte declara inexequible cuál será el camino a seguir? El Gobierno guarda silencio, no aclara nada, tal vez no sabe qué haría en tal caso. Ciertamente puede salvar el país del desastre al precio de ser señalada de guerrerista, o, en nombre del bien supremo, del nuevo dogma de la paz, convertir en norma pétrea los Acuerdos.

Se infiere por tanto que las declaraciones del presidente Santos y de su jefe negociador De la Calle en el sentido de que “Será el pueblo, el Congreso y la Corte quienes darán validez al acuerdo final” es una auténtica mentira, una frase sin sustento, una total engañifa. Si el plebiscito se llegare a realizar después de que se aprueben los delitos anteriores, la opinión de la ciudadanía carecerá de fuerza legal.

Santos y De la Calle, en su alocada carrera de ceder en toda la línea y desesperados porque los tiempos electorales apremian, intentan con palabras hueras convencer a la opinión de que el plebiscito sí va, nos dicen, como si de la repetición saliera la verdad, que la guerrilla se acogió a la Constitución y a las instituciones cuando se lee todo lo contrario: desde La Habana, un presidente (siendo generosos) débil, confundido y errático, le concede a las Farc todas las seguridades, incluso la sustitución de la Constitución.

El daño es muy grave pues se afecta la la división de poderes, el Congreso queda castrado, la Corte Constitucional anulada, la Constitución sustituida y la ciudadanía privada de su mayor poder, el poder constituyente.

Coda: Luego de un esfuerzo mental profundo, la inteligencia pro acuerdos sin límites con las Farc, ha descubierto un nuevo paradigma: defender la Constitución, la separación de poderes, la Justicia humanitaria, es propio de la extrema derecha, es militarismo y es reaccionario y que la paz justifica que se pisotee todo el ordenamiento jurídico y el pudor republicano.