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La calle contra las urnas

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El Gobierno Santos adelanta una estrategia integral que tiene por objeto dejar sin piso el resultado adverso que su acuerdo de paz tuvo en las urnas.

Que se sepa, en los casinos cuando un jugador se juega los restos y pierde, se retira de la mesa sin opción de reparar su ruina. El Presidente Santos, dizque buen poquerista, cree que, después de haber hecho entender a don Raimundo y todo el mundo que en el plebiscito se apostaba el “todo o nada”, que el Acuerdo “era inmodificable”, que, como afirmó Humberto de la Calle en un extraño arrebato de contundencia “si gana el NO el acuerdo se cae”, puede violar las reglas del juego.
La estrategia contempla varios frentes: en el interno intenta capitalizar las marchas juveniles para presionar a los del No para que presenten propuestas “realistas” y a gusto de las FARC, por otra parte, a través de demandas, procura derogar el resultado del plebiscito así ello implique que un tribunal o la Constitucional descubran, a posteriori, que la citación del mismo fue irregular.

En el externo, el que quedó más maltrecho, intenta recomponer apoyos como el que vino a darle en nombre de la debilitada UNASUR el resucitado Ernesto Samper o el que le hizo el New York Times con su agresivo e irrespetuoso editorial antiuribista. Quizás el que le ha devuelto a la vida, así lo cree él, es el nobel de Paz, por intervención calculada del gobierno noruego.

Entre las acciones más destacadas que dan muestra de la desesperada estrategia está la carga de caballería de sus ministros del Interior y Cancillería, la propuesta del disparatado senador Benedetti de repetir el plebiscito, la instrumentalización en su favor y con ayuda de las izquierdas de las movilizaciones ya no tan juveniles alimentando consignas en apariencia incuestionables: “paz ya”, “implementación del Acuerdo ya”. Mención aparte merece la andanada de los beligerantes columnistas que cada ocho días dan ejemplo de tolerancia, reconciliación y paz… con las FARC y de sevicia contra el Centro Democrático y el expresidente Uribe. 

Al estimular la insubordinación contra el resultado del hecho democrático plebiscitario y el fallo de la Constitucional, Santos atropella la democracia. Algo muy diferente es que en apoyo del SÍ se hubieran realizado movilizaciones de sus partidarios antes de la votación, pero realizada esta, desvirtuar el resultado es hacerle el juego al golpismo y a la irresponsabilidad de ciertos líderes de izquierda que apelan a “movilizar las masas” para desconocer sus derrotas y a las FARC para las que, según Iván Márquez: “La verdadera refrendación del Acuerdo Final para una paz estable y duradera está en la calle”. Que no les quepa la menor duda a los jóvenes de que están siendo utilizados.

El fallo de la Constitucional señaló los alcances del plebiscito y las consecuencias de su resultado: “La Corte resaltó que el objetivo del plebiscito especial no es someter a refrendación popular el contenido y alcance del derecho a la paz, sino solamente auscultar la voluntad del electorado sobre la decisión pública contenida en el Acuerdo Final”. Más adelante estipuló que “si el plebiscito no es aprobado… el efecto es la imposibilidad jurídica de implementar el Acuerdo Final, comprendido como una política pública específica… manteniéndose incólumes las competencias de los diferentes órganos del Estado, entre ellas la facultad del Presidente para mantener el orden público, incluso a través de la negociación con grupos armados ilegales, tendiente a lograr otros acuerdos de paz”.

La Corte no habla de maquillar, pulir, corregir o ajustar el Acuerdo. Tampoco estableció plazos perentorios o con afanes para firmar uno nuevo. Por eso el ataque masivo lanzado contra los del NO por los líderes del SÍ y los grandes Medios, es una infamia, pues, en vez de brindar acogida a la propuesta de los vencedores para buscar un consenso nacional, se han dedicado a atacar con vulgaridad a los líderes del NO.

La Corte también falló que el Acuerdo es asimilable a una política pública, lo que nos indica que la puja entre defensores y opositores del Acuerdo es de naturaleza política. Implica asumir que el debate acerca del rumbo a seguir y la interpretación de cómo llegar a un acuerdo nacional para renegociar con las guerrillas, es, indefectiblemente, un asunto de alta política. Por esta razón resulta incomprensible la convocatoria de los rectores de las universidades públicas y privadas de salir a las calles, ofreciendo permisos y adhiriendo a consignas que han dejado de representar a la población en general y que se identifican con las orientaciones del Gobierno Nacional y con las declaraciones de las FARC. No es gratuito que el Presidente haya invitado a líderes estudiantiles a Palacio y haya ido a la marcha para saludar y agradecer a los rectores.

La idea de Universidad es ajena a intervenir en los asuntos de la política a la cual se concurre en calidad de ciudadanos simpatizantes o militantes de un partido o de una causa. La ciencia, la academia, el saber científico, la docencia y la investigación,  no pueden estar atravesados por intereses políticos. A lo sumo y es lo deseable, las universidades pueden y deben abrir sus espacios para el debate sobre los diversos puntos de vista acerca de problemas o cuestiones políticas, pero nunca en un sentido movilizador o de activismo porque se lesiona su espíritu de universalidad y diversidad.

CODA: A propósito de mentiras y manipulaciones recordemos algunas del Gobierno: Invitó a votar por la paz contrariando fallo de la Constitucional. Pregonó el miedo hablando de una cruel guerra urbana si ganaba el NO. Cubrió con millonarios recursos del erario público la publicidad a favor del sí. Reunió a alcaldes y gobernadores para “hablarles” del plebiscito y de las partidas presupuestales. Estigmatizó a los partidarios del NO de guerreristas. Asustó a los votantes diciendo que si ganaba el NO el Acuerdo se caía y retornaría la guerra. Para desestimular a los escépticos y críticos del Acuerdo dijo que era inmodificable. El Presidente redactó la pregunta “que se le dio la gana”. Santos dijo que si ganaba el NO se vería obligado a renunciar. Firmó el Acuerdo final antes de la votación saltándose mandato de la Corte.

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