Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
La semana pasada se publicó el decreto que regula los proyectos piloto de fracking en Colombia. No había terminado de conocerse el texto final cuando ya salían las voces de siempre a oponerse.
Liderando el pelotón de fusilamiento al fracking está Carlos Santiago, vocero de la alianza Colombia Libre de Fracking. Tuve la oportunidad de escuchar su entrevista en La W la semana pasada, en donde se declaró “indignado” con el decreto, señalándolo como una “burla a la ciudadanía”.
Entre otras cosas, dice que es ilegal que dentro de los pilotos se van a determinar las reservas estimadas de los pozos que se perforen y que el hecho de que sean las compañías las que hagan la perforación de los pozos, y no “una universidad prestigiosa”, pone un manto de duda sobre todo el experimento. Para él esto significa que todo el proceso no es “científico”. Termina su discurso diciendo que el decreto no menciona la necesidad de que se obtenga una “licencia social” para la ejecución de los pilotos.
Lo que no menciona el vocero de la alianza, entre otras cosas —porque lastimosamente, además, tampoco se lo preguntaron—, es cómo propone remplazar los ingresos de regalías o impuestos que eventualmente pueden generar estos yacimientos, que podrían sumar entre $70 y $160 billones. Tampoco asoma alguna solución para generar oportunidades de empleo a las comunidades que se verían beneficiadas por estos proyectos ni cómo obtener el gas natural que se dejaría enterrado en el subsuelo, en un país con más de diez millones de usuarios de ese combustible.
Tampoco le preguntaron por qué considera el que la economía no es una ciencia, pues aparentemente determinar las reservas que están en un yacimiento tiene que ver solamente con temas comerciales. El hecho de que la sociedad deba determinar si los proyectos son viables o no, a través de una relación costo/beneficio que incorpore todos los lados de la ecuación, no parece entrar dentro del método científico.
Llama la atención también que nadie explicó que la “licencia social” no es un documento que expida ninguna entidad. No es una resolución, como sí lo es, por ejemplo, la licencia ambiental. El término hace referencia a la necesaria aceptación por parte de la sociedad —de toda la sociedad— sobre el fracking. Esta licencia social se gana respondiendo las dudas y los miedos de quienes aún desconfían del tema, mostrando una relación costo/beneficio positivo, saliéndose del falso dilema entre agua vs fracking. Mencionarlo o no en un decreto es realmente irrelevante. La licencia social se logra explicando y convenciendo.
Hay voces, como las de la alianza, que se van a oponer al fracking sin importar qué se les diga. Pero hay miles más —la gran mayoría, quisiera pensar yo— que se oponen porque aún nadie les ha explicado de qué se trata el fracking ni los beneficios que podría traer. Esto requiere todo el tiempo y cuidado para mostrar las cosas como son y explicarlo todo de manera sencilla y contundente. Esta labor titánica le corresponderá al Gobierno, que deberá utilizar todas las herramientas posibles, en un ambiente de desconfianza y de matoneo a los hidrocarburos, para poder lograr la luz verde al fracking.