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Las catástrofes naturales anunciadas exigen un desarrollo audaz de la capacidad de prevención, no de la habilidad para encontrar excusas centradas en la invencibilidad de la naturaleza o la impotencia del liderazgo ante un destino inescapable; requieren además comprender que a sus efectos contribuye el hombre en gran medida, por la impertinencia de sus obras y la ineptitud para ejercer el arte de anticiparse; la fórmula de asignar simplemente recursos económicos, por cuantiosos que sean, y tratar el problema como un asunto humanitario, no como un problema de Estado, puede dar a entender que no se tiene suficiente claridad sobre la índole de estos fenómenos y la forma de manejarlos.
Bangladeshy Pakistán son tradicionalmente víctimas del desagüe y el deshielo de las montañas del centro del Asia, que bajan por su territorio en busca del mar. Como en Colombia las aguas de los Andes, a partir del macizo colombiano y a lo largo de las cordilleras, buscan ir al atlántico por los canales del Cauca y del Magdalena. Todo obedece a una ley natural imposible de derogar: la ley de la gravedad, que afecta también a los altiplanos, que tienen sus fuentes de agua aún más arriba.
Allá y aquí la llamada catástrofe natural de las inundaciones no es solamente resultado de la acción de la naturaleza sino que tiene ingredientes de contribución humana de grandes proporciones, representada en la ignorancia, cuando no en el uso perverso de las condiciones específicas del terreno y de los flujos y refugios naturales de las aguas, las malas regulaciones y el peor control ejercido por las autoridades. En términos más precisos, la deforestación, la falta de criterio para la construcción de asentamientos humanos, la ausencia o insuficiencia de infraestructura y la corrupción que conduce a la toma de decisiones equivocadas, ayudan de manera importante a configurar la tragedia.
El problema no es culpa del gobierno al que le toquen los picos de los desastres. Pero la responsabilidad de pensar en soluciones de largo plazo sí le corresponde y no la puede eludir. Comprender bien la geografía y saberse anticipar a la ocurrencia de los problemas, cuando se tiene conciencia de que se pueden repetir, forman parte del arte de gobernar. Y no se puede caer en la trampa de pensar que pasado el episodio a lo mejor el problema no se vuelve a presentar.
En Pakistán reconocen que de manera tardía crearon en 1997 una Comisión Federal de Inundaciones encargada de trabajar en la reducción de pérdidas, la defensa de áreas de mayor riesgo económico, la protección de ciudades, ferrocarriles y carreteras, y el fortalecimiento de la infraestructura destinada al control del problema. En Bangladesh han adoptado una política orientada combatir la urbanización no planificada, así como la erosión y la acumulación de sedimentos, y establecer en todo nivel de la vida nacional mejores prácticas para mitigar la propensión del país a ser víctima del fenómeno. Ninguno de esos dos países optó simplemente por poner un ilustre banquero al frente de una agencia humanitaria para que repartiera fondos a ser invertidos en proyectos aislados, sin tener en cuenta la indispensable visión de conjunto frente a la complejidad del problema, que corresponde a los supremos conductores del Estado.
Poco se ha hecho en la Sabana de Bogotá desde la época en la que, según la leyenda, Bochica se inventó el Salto de Tequendama para solucionar una gran inundación. A nadie se le ha ocurrido construir una red de canales públicos capaces de conducir el agua a la vertiente del Magdalena, como si el problema fuera imposible de tratar. Canales que, de paso, contribuirían al desarrollo armónico del territorio. Y en la Costa Caribe seguimos aferrados al Canal del Dique, de más de cien kilómetros de largo, terminado en 1582, esto es hace cuatrocientos veintinueve años, cuando los gobernantes de la Colonia se ocupaban mejor de leer el territorio y hacer las construcciones necesarias para su desarrollo. Nadie ha sido capaz desde entonces de construir nuevos ayudantes de evacuación del Cauca y el Magdalena, que no son suficientes pero tienen que soportar la escorrentía de las aguas de la mitad alta de un país oblicuo.
Aparte de la obligación de socorrer a las víctimas, es característica del buen gobierno comprender que la reacción ante una catástrofe como la de las inundaciones debe ir mucho más allá de la atención de hechos cumplidos y constituye al mismo tiempo nada menos que la oportunidad de construir un país mejor. De inventárselo, si es necesario, sobre bases reales, y de apelar para esos efectos a los mejores recursos humanos de los que se disponga, para que se comprometan en la tarea. Ahí está vivo un reto para estadistas.