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Centenario de exclusión

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Hace un siglo, en 1913, Suráfrica lanzó una política de tierras que fue la precursora del Apartheid, en la medida que garantizó el control de los latifundios por parte de los blancos de origen europeo.

La medida, que reservó menos del diez por ciento de las tierras a los nativos africanos para que unos recién llegados se quedaran con el resto, se convirtió en la gran afrenta que solo casi un siglo más tarde Nelson Mandela, ahora adorado en todo el mundo, pudo comenzar a revertir. 

Las guerras más antiguas, las más primitivas y las más injustas, han tenido que ver con la propiedad de la tierra. El control territorial es a la hora de la verdad, y sin perjuicio de los artificios de la vida contemporánea, con sus ficciones paradójicas, una de las claves del poder, equiparable al dominio de la tecnología o a la posesión y uso efectivo de las armas. La ley, para guardar las apariencias, ha sido puesta siempre al servicio de esa causa, de manera que apacigüe la conciencia y le confiera a todo el hálito de la normalidad. 

La ruptura de las sociedades originales africanas alcanzó su expresión máxima en el momento en el que los marineros, y los funcionarios, y los banqueros y los aventureros, decidieron volverse también empresarios del campo. Mediante la combinación de todas las formas de lucha, fueron inventando la manera de desalojar a los propietarios o poseedores de las mejores tierras por la vía de los hechos; y cuando fue necesario apelaron a la ley, como lo hicieron en Sudáfrica, pasada la Guerra de los Boers, con el Land Act de 1913.  

El complemento del despojo a los habitantes y propietarios originales fue nada menos que la política de convertirlos en mano de obra al servicio del enriquecimiento de los nuevos emprendedores del campo. Así se cerró el círculo de la discriminación, que todos han reconocido, comenzando por F W de Klerk y los jefes blancos de hoy, como la negación de la democracia. 

Por la misma época de Suráfrica, en Rodesia se adelantó un proceso similar. Con los argumentos del caso, el orden normativo se configuró de manera tal que los campesinos, negros, contribuyeran en condición de obreros a los proyectos que desarrollarían grandes empresas, con el argumento de que solo ellas serían capaces de emprender negocios de grandes proporciones, que en efecto condujeron a épocas de esplendor del país como productor de comida para la exportación, mientras no llegó la hora de las cuentas, amargas, de las que el nuevo país, Zimbabwe, no ha logrado todavía salir. De alguna manera, claro está debido a la corrupción y a la ineptitud del nuevo régimen, pero sobre la base de la simiente de la discriminación. 

En lugar del famoso aviso de “Trespassers will be prosecuted”, que se convirtió en el símbolo del horror y que prohibía a los negros pisar siquiera sin autorización la tierra que hasta años antes les había pertenecido, a nadie se le ocurrió, por lo menos del lado europeo, incluir de alguna manera a los habitantes originales del continente, y por ende sus primeros dueños, en calidad de algo mejor que asalariados en los grandes proyectos que se desarrollaron por todas partes y que enriquecieron a los nuevos ocupantes de manera inversamente proporcional al empobrecimiento de la población nativa, que vio pasar el progreso por sus narices en medio de su propia desgracia, porque al mismo tiempo le rompieron el orden tribal.

Los demócratas de todo el mundo deberían recordar esos primeros pasos del proceso africano, que marcaron el comienzo de una tragedia de la que todavía nadie ha sido capaz de salir, si se tienen en cuenta las consecuencias gravísimas del uso de la ley para consolidar situaciones de hecho que, en contra del orden natural de las cosas, lo forzaron todo para que el mundo funcionara por casi un siglo, al revés.  

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