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En las democracias de papel se invocan con frecuencia conceptos que están escritos en los catálogos del deber ser, pero por lo general se quedan allí.
Lo que los convierte en recursos retóricos vacíos de efectividad. Uno de ellos es el de la responsabilidad política, que deja la sensación de que quien lo invoca tiene un alto sentido del deber. Aunque no pase de ese punto. Y nadie reclama nada, de manera que todo queda aparentemente igual. Como si bastara con hacer una vaga referencia al concepto dentro de la liturgia de la vida pública, para quedar bien.
El buen gobierno requiere de hechos, no sólo de declaraciones, orientados a mantener la confianza ciudadana en las personas que ejercen funciones públicas. Esto implica que de pronto los servidores del Estado deben por lo menos retirarse del ejercicio de sus cargos cuando se han presentado incidentes que pueden menguar esa confianza. Sin necesidad de esperar a los resultados de largos procesos judiciales. Sin alegar el desconocimiento de algo tan ostensible, y sin hacer esfuerzos desesperados por desviar las responsabilidades hacia otras personas.
El tema, difícil de precisar en principios escritos, pertenece al orden de la ética y de la estética. Por lo tanto adquiere características distintas en diferentes contextos históricos y culturales. Esto quiere decir que cada sociedad va acumulando, con su experiencia, unos estándares de la exigencia ciudadana en cuanto hace a la conducta de los funcionarios públicos. Aunque esto no quita que exista un denominador común, que no es otro que el de la ausencia de toda sospecha y la sensación de que a la gente se le está diciendo la verdad.
Cuando los funcionarios resultan dando nuevas y nuevas explicaciones que pretenden ser definitivas y corregir las deficiencias de las que anteriormente se dieron, y cuando a cada paso obran con la misma vehemencia y contundencia que en su momento consiguieron credibilidad, se puede estar entrando en ese terreno claroscuro que conduce a la pérdida del valor de la confianza pública. Sin dejar de tener en cuenta que, de paso, dejan fuera de lugar a sus jefes.
En ciertos países, por lo general con democracias avanzadas y regímenes parlamentarios, el nivel de exigencia de las convenciones en materia de responsabilidad política conduce a que, bajo la mirada implacable de una oposición leal y de una ciudadanía en verdadero ejercicio de su poder de control social, los servidores públicos de alto rango, por ejemplo los ministros, sean responsables por las acciones de sus ministerios, sin que les sea posible alegar ignorancia y mucho menos argumentar que fueron desobedecidos, lo que les haría aún menos aptos para el ejercicio de altas funciones.
La antropología del servicio público enseña, eso sí, que los funcionarios tienden a aferrarse al cargo. Y que no todos tienen conciencia del mal histórico que pueden causarle a su sociedad en la medida que insistan en mantenerse en el oficio a cualquier precio. Precio que por lo general viene a pagar la sociedad entera, aunque sea por el hecho de que los estándares se rebajen, y se queden en los rangos inferiores, sin que en el corto plazo pase nada.
En 1974, Willy Brandt, el exitoso Canciller por entonces gobernante de la República Federal Alemana, antiguo alcalde del Berlín que vio levantar el muro, conductor de la Europa de la postguerra y personaje internacional de primea línea, renunció cuando se supo que, contra lo que El mismo hubiera querido y por supuesto a sus espaldas, Günter Guillaume, uno de sus más cercanos asesores, era en realidad un espía de la Alemania Oriental.
Brandt se fue lleno de tristeza, y de vergüenza. Aunque sabía muy bien que nada tenía que ver con las actividades de espionaje desarrolladas precisamente en su contra. No retó a nadie ni se quedó esperando a que, conforme a los procedimientos judiciales, alguien llegase a probar su limpieza desde el punto de vista penal. Tampoco esperó a que surtieran efecto esas exhaustivas investigaciones que terminan en el olvido o cuyos resultados no tienen eco. No resolvió invocar la presunción de inocencia en su favor ni se dedicó a defender a ultranza al acusado mientras todas las instancias judiciales no comprobaran su culpabilidad. Su partida fue un signo de respeto por la nación.
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