El deber de la armonía

Cuando los ciudadanos escogen a un gobernante le confieren el mandato fundamental de ejercer sus funciones con el objetivo supremo de trabajar por el bien común. Así como con su voto no autorizan al elegido para que gobierne en beneficio propio, tampoco lo hacen para que satisfaga sus vanidades y mucho menos para que ejerza el poder en contra de nadie. Por el contrario, el complemento indispensable del ejercicio de la misión que le confían es el de la cooperación de buena fe y además de buena voluntad con el conjunto de quienes ejerzan otras funciones púbicas, sean de rango superior, igual o inferior.

Uno de los dramas de la vida política colombiana, que en el ánimo descarriado de algunos se mira de manera complaciente como un espectáculo de circo, es el de las dificultades de entendimiento que se pueden presentar entre quien ejerce la gobernación de uno u otro departamento y quien funge como alcalde de la respectiva capital. Tal vez la superposición de jurisdicciones, y de electores potenciales, facilita la existencia de diferencias respecto de temas que resultan comunes. Si a eso se agrega que en muchos casos la capital departamental es, de hecho o de derecho, cabeza de área metropolitana, y en todo caso polo de atracción que involucra varios municipios, y con ellos un fragmento significativo del respectivo departamento, las condiciones parecerían favorables al cultivo de las mencionadas dificultades.

Las circunstancias anteriores precisamente exigen mayor atención, cuidado y responsabilidad. Así como es natural que pueda haber diferencias de criterio político y de perspectiva, los gobernantes regionales y locales tienen la obligación de obrar de manera armónica con aquellos a quienes corresponden funciones complementarias o paralelas dentro del propósito del bien colectivo. También tienen la obligación de ejercer una especie de pedagogía del ejemplo, que tiene amplias y profundas repercusiones en la comunidad, cuyo estado de ánimo representa un valor importante y cuya tendencia a imitar los comportamientos de quienes ejercen el poder es bastante frecuente.

El trámite de las naturales diferencias que puedan existir debe hacerse a sabiendas de que los gobernantes del orden regional y local marcan mucho más que otros el compás de la vida cotidiana. Por ello deben evitar que sus debilidades y sentimientos personales se impongan por encima del bien común que se han comprometido a defender. Por eso mismo, además, no pueden abusar de su poder usándolo para obstaculizar o desacreditar la terea de otros y someter a los ciudadanos a sufrir los efectos de sus enemistades. Y se deben abstener de inmiscuirse en lo que no les toca y de promover una especie de estado de beligerancia permanente, que constituye un pésimo ejemplo de convivencia ciudadana y afecta el proceso del desarrollo que tanto interesa a la comunidad que representan.

Las elecciones de octubre son oportunidad para escoger gobernadores y alcaldes de capitales que se comprometan a respetar el fuero del otro y a colaborar a favor del progreso colectivo, en lugar de ensanchar el espectáculo deplorable de confrontaciones personales que no tienen porqué ser tramitadas a costa del bien común.

El ejercicio del poder ciudadano no comienza en el momento de ir a las urnas. Es ahora, y a lo largo de la campaña, cuando los candidatos se deben someter a un examen riguroso. El tema de la obligación de armonía debe figurar dentro de las preguntas y también dentro de los compromisos de los candidatos. Si no son capaces de comprometerse a obrar de conformidad con esa obligación, simplemente no serían dignos de recibir el mandato. Pero el mismo ejercicio del poder ciudadano tampoco termina en las urnas, de manera que si los votantes no advierten a tiempo el peligro, o si se llegan a equivocar, ahí está abierto el campo para la vigilancia estricta de los actos de los elegidos, que no reciben autorización para abusar en ningún sentido de su poder y deben rendir cuentas no solamente ante los organismos de control sino ante la propia comunidad, que no debe permitir que se quede escrito el principio de que en ella reside primero que todo el poder.