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El argumento de no haber sido condenados por actos de corrupción no aleja a los funcionarios del borde del abismo.
Por el contrario, cuando omiten su responsabilidad política y proclaman que seguirán en el oficio hasta que culminen los procesos judiciales que se les abran, no sólo deterioran su posición, sino que rebajan los estándares de la vida pública.
El drama de políticos que cuando llegan al poder cargan el lastre de haber utilizado medios indebidos para financiar su campaña, amenaza la gestión del Primer Ministro japonés y el futuro de un gobierno que anunciaba la llegada de una nueva era. Con ello se puede ver frustrada la oportunidad de llevar a la práctica los proyectos que el Partido Demócrata, alejado del poder por más de cinco décadas, tenía ahora ocasión de llevar a la práctica todo lo que planeó durante esa larga espera.
Al rastrear la procedencia de los fondos que financiaron la campaña triunfal de los demócratas, se ha podido establecer que existieron contribuciones ilegales por más de diez millones de dólares. Los dineros entraron como si fuesen donaciones de personas que en realidad están muertas o jamás quisieron contribuir. Su verdadera procedencia, al parecer, eran los fondos privados de la madre del nuevo jefe de gobierno, ya octogenaria, disfrazados para evadir críticas y controles de orden legal.
Sin el menor rubor, como suele suceder conforme al talante de ciertos hombres públicos, Yukio Hatoyama ha dicho que mientras no haya un veredicto en su contra, no está dispuesto a renunciar. Como también suele suceder, el Primer Ministro no se atreve a negar que hubiesen existido irregularidades, pero cree salvar su responsabilidad, y tal vez su honor, con el argumento, siempre dudoso en esos casos, de que si algo pasó, fue sin su conocimiento.
Criado en el seno de una familia de políticos y millonarios, Hatoyama parece ser uno de esos vástagos de la aristocracia política que creen desde un principio que su destino inevitable es el de ejercer el poder. Pero curiosamente pertenece a quienes, a pesar de esa procedencia, se atreven a plantear reformas, en este caso orientadas a romper los rígidos esquemas de alianza entre burócratas, políticos y empresarios, que frecuentemente dan lugar a la corrupción.
Los ciudadanos deben estar haciendo cuentas sobre la autoridad que le queda al Primer Ministro para presidir los procesos de saneamiento de la vida pública. También deben estar meditando sobre las razones por las cuales ellos mismos le llevaron al poder, a pesar de que antes de las elecciones existían ya dudas sobre la financiación de su proyecto. Los resultados de las encuestas, por ahora, resultan favorables al Primer Ministro. Como si existiese una especie de resignación a sufrir lo que en la jornada electoral pudo haber sido, en el sentir mayoritario, el mal menor.
Son frecuentes los casos en los que la gente, ante situaciones de esta naturaleza, opta por la vía de la comodidad y busca ahorrarse el esfuerzo de propiciar la caída, así de temprano, de un gobernante del que se esperan tantas cosas que parece recomendable darle tiempo para que muestre su capacidad de cumplirlas. El riesgo que se corre es, de todas maneras, mayor. Porque todo el escenario de la vida pública se cubre de un manto de duda y provisionalidad.
No se sabe en qué vaya a terminar este episodio de la vida japonesa. Por ahora, y a juzgar por lo que ha pasado en otras partes, es bueno recordar que los gobernantes pueden darse el lujo de seguir ahí cuando saben, por conocimiento o por instinto, que la ciudadanía no se atreverá a manifestarse para exigir la responsabilidad política que les corresponde. Es entonces cuando se produce el encuentro perverso y a la vez armónico de las ganas de quedarse con la impotencia para sacarlos. Que puede ser el factor determinante de una caída de consecuencias dañinas para todos, en cuanto afecta la limpieza del ambiente moral de la vida pública, con todo lo que ella implica.