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Los jefes de la diplomacia no pueden decir por ahí cualquier cosa. Lo que afirmen, en uno u otro ambiente, representa el pensamiento de su gobierno y compromete a su Estado. Los ejemplos cunden. Por eso, en caso de duda sobre el significado de sus aseveraciones, tienen el deber de explicarse cabalmente. Y no por el simple hecho de escribir un comunicado exculpatorio, con cualquier texto, se deben dar por aceptadas las justificaciones.
El reciente comunicado de la cancillería uruguaya sobre el gobierno de Colombia parece tan desafortunado como las declaraciones de su vicecanciller, que trata de explicar. Al aseverar que la calificación del gobierno colombiano como fascistoide se refería a otros momentos de la política latinoamericana, la propia Cancillería asume la obligación de aclarar lo que está diciendo.
En un acto político, Roberto Conde, vicecanciller del Uruguay, dijo, según lo informa la prensa colombiana, que "la destrucción de la Comunidad Andina es fruto de tensiones ante el avance socialista de Bolivia y Ecuador y la consolidación del bloque neoliberal en Colombia y Perú, militarista, fascistoide". Preocupada porque sabe la gravedad que tienen las afirmaciones públicas de un miembro del gobierno de tan alto nivel, dedicado además en el reparto de las funciones estatales al oficio de las relaciones internacionales, la Cancillería salió a explicar el asunto con un comunicado que no solamente es confuso, sino portador de nuevas afirmaciones que obligan a la exigencia de otra explicación.
Dice la Cancillería que las declaraciones de su funcionario “contendrían juicios de valor sobre los gobiernos plenamente legítimos y democráticos de las Repúblicas hermanas de Perú y Colombia”. Agrega que el vicecanciller "no ha hecho declaraciones de prensa" y que “Las expresiones publicadas, además de erróneas y descontextualizadas, dicen relación con otros momentos de la política latinoamericana y no (se) refieren en modo alguno a los actuales gobiernos de los países mencionados.”
No resulta fácil entender porqué el comunicado comienza reconociendo que se trató de declaraciones que contendrían juicios de valor sobre los gobiernos plenamente democráticos de Perú y Colombia, para luego afirmar que no se trata de los de ahora. Pero vaya y venga con eso. En cambio, no es para nada válido el argumento exculpatorio según el cual las afirmaciones del vicecanciller no fueron parte de una declaración de prensa sino de un diálogo en el seno de una organización política. Justamente el hecho de haber tenido lugar en ese escenario no le quita sino que le agrega toda la gravedad a lo que haya dicho. Porque son precisamente esos actos de análisis político, conscientemente expresados en público en el seno de una comunidad política, manifestados por lo tanto con criterio político, los que no pueden ser sino resultado de una convicción.
Pero lo más grave es que la cancillería uruguaya, al tratar de explicar las apreciaciones de su propio Vicecanciller en contra de Colombia, hace una afirmación, esa sí oficial y contundente, en el sentido de que las aseveraciones de Roberto Conde corresponden a otro momento de la historia latinoamericana. Lo que quiere decir que la propia Cancillería uruguaya reconoce, formal y expresamente, que hubo otro momento de la historia de nuestra América en el que en Colombia había un régimen fascistoide. Lo que resulta extraño ya que el Uruguay, en las últimas décadas, jamás interrumpió o cambió siquiera el tono de sus relaciones con Colombia.
Sería conveniente, en razón de las muy deseables buenas relaciones con el pueblo uruguayo, que la Cancillería de ese país aclare lo que quiso decir. Con la misma convicción con la que afirma que las declaraciones del Vicecanciller no corresponden al gobierno actual de Colombia, el gobierno uruguayo tiene la obligación de decir con toda claridad cuál es ese momento de la vida colombiana en el que el gobierno era fascistoide. El tema debe interesar a los dos países, particularmente a los sectores democráticos que en el seno de ambas naciones mantienen el más profundo interés por el Estado de Derecho y el imperio de la ley.
Finalmente, en cuanto el comunicado oficial afirma que “Es obvio que el pensamiento público del gobierno del Uruguay y las excelentes relaciones que mantiene con ambos gobiernos amigos demuestran de modo irrefutable que las afirmaciones que se imputan no reflejan las ideas ni la voluntad de ninguno de sus miembros", conviene saber si con ello se da a entender que el señor Conde ya no es funcionario del gobierno uruguayo, o si su propia Cancillería lo deja en la condición de alguien que dice cosas que no representan sus ideas.
La exigencia de aclaraciones o justificaciones al gobierno uruguayo no debe buscar solamente obtener los datos del récord histórico correspondiente, o satisfacer una curiosidad. Una aclaración oficial del comunicado serviría para que, en caso de contar con las precisiones correspondientes, podamos reflexionar sobre el particular y tal vez revisar la visión que ha imperado de una Colombia permanentemente democrática, que puede haber sido percibida de otra manera no sólo por algunos sectores colombianos sino, pareciera, por países amigos.