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La alternación en el ejercicio del poder político, por auténtica decisión popular, cierra el paso a la continuidad, es muestra de criterio sobre el rumbo que se debe tomar y obstruye la apelación antidemocrática a los arreglos del unanimismo, al tiempo que le pone una tarea a la oposición.
Lo único que hay que hacer en el ejercicio de la política no es gobernar en el sentido tradicional. Hay muchas otras cosas de las que alguien se debe ocupar. Por ejemplo, y en primer lugar, el ejercicio de una oposición leal y constructiva, que ayuda a mirar el camino y mantiene en la reserva un equipo preparado en cualquier momento para tomar el timón.
El triunfo de los llamados populares en las recientes elecciones españolas no debe ser visto necesariamente como el fracaso rotundo del Partido Socialista ni como el retorno vengativo de una derecha que se cree con derecho a todo. De alguna manera la presencia del PSOE en el poder a lo largo de dos legislaturas, en pleno período de crisis internacional, a lo que se pueden agregar algunos desaciertos nada extraños, auguraba ya un cambio favorable a un proyecto político, el del PP, que estaba haciendo cola desde hace casi una década y, aparte de producir en boca de su jefe las estridencias propias del folclor político del país, se preparaba bien que mal para tomar el relevo.
El logro de una institucionalidad bien diseñada frente a las peculiares circunstancias de la geografía, la cultura, la tradición, la casi multinacionalidad y la configuración política y social del país, es uno de los hitos de la larga historia de los españoles. Pero el hecho de haber sido capaces, a lo largo ya de varias décadas, de hacer funcionar el sistema haciendo caso omiso de reservas y pequeñas diferencias, es un logro todavía mayor. Y es ahí donde aparece la primera de las lecciones españolas contemporáneas, de gran valor para países que se precian a cada rato de las instituciones que han conseguido adoptar y luego, mucho más a cada rato, de las modificaciones ad-hoc que se les ha ocurrido introducir, con la idea comprobadamente equivocada de que cambiar los artículos de las normas producirá un efecto más allá de los escritorios de los burócratas y de los abogados, que se pondrán por oficio sacar ventaja de lo que convenga y de lo que no convenga, según su interés.
Las discusiones parlamentarias son en España tan duras y claras como lo son las lenguas del país. Y eso es ventajoso además porque allí comparecen regularmente los que deben comparecer, es decir quien gobierna y quien ejerce la oposición, además de representantes de partidos con claras diferencia pero a la vez con el mismo compromiso de servir al interés común. A lo que hay que agregar, en medio de todo, un señalado respeto por el recinto, el uso de un leguaje depurado y la práctica de una compostura que no vulgariza las sesiones, donde nadie se ufana de su primitivismo al hablar, al desatender las discusiones, al argumentar pobremente, al votar y al comer o beber ante las cámaras de televisión.
El encuentro regular para debatir el estado de la nación sirve para que se sepa qué piensa cada quién, desde el ángulo de su postura política, respecto de los grandes temas nacionales, a diferencia de prácticas llamadas democráticas en las que son los comunicadores, al oído, quienes resultan tratando de interpretar los procesos sociales e inventando personajes para ponerlos en la cima sin que se sepa a ciencia cierta qué piensan de tantas cosas que debe tener en la cabeza, y saber explicar, quien en cualquier época, pero con mayor razón en la actual, aspire a ejercer la función de gobernar.
Es ese el contexto institucional en el que el Señor Rajoy, que esperó mucho tiempo y soportó varias derrotas, comienza su tarea de gobernante. Y ahí aparecen nuevas lecciones: salvo que el país se esté verdaderamente hundiendo, que no lo está, no va a introducir la práctica, anómala dentro de las democracias serias, de llamar a todo el mundo, incluyendo a sus competidores de hace unos meses, a que entre a ayudarle a gobernar, en nombre de una unidad nacional, por no decir unanimidad, que los ponga a todos del mismo lado sin dejar campo para que alguien se ocupe justamente de lo que a él mismo le tocó hacer como preparación ideal, que no es otra cosa que estudiar cada día los movimientos del gobierno y de la sociedad y expresar su punto de vista, desde fuera, sin que eso sea ofensa ni amenaza para nadie, y más bien como contribución a la toma de decisiones más equilibradas.
Allá se irá el PSOE a ejercer el oficio muy respetable de la oposición, a renovar sus cuadros y a inventarse, con la precisión que requieran las circunstancias, un proyecto que sea alternativa para cuando por una u otra razón también se agote el aporte del PP al progreso del país desde el gobierno, conforme al mandato que acaba de recibir. España tiene la garantía de contar en cualquier momento con quién se ocupe de gobernar, sin que todos tengan que correr tras el mismo objetivo a pesar de que el resultado de las elecciones sea uno u otro, porque eso sería negar la exigencia democrática de diferencias de criterio sobre la base de acuerdos en lo esencial.