Desigualdades presupuestales

Así, el mensaje central estuvo en la norma que ordenaba incrementar progresivamente las transferencias regionales para salud y educación hasta atender adecuadamente las necesidades. Por lo demás, la prioridad social de la política fiscal, que aparece en la exposición de motivos y en los anuncios generales, permitía esperar que se hiciera algo similar en materia de vivienda y formalización de la mano de obra, al igual que se ampliaran las fuentes tributarias propias de las regiones.

La realidad evolucionó al revés. Las transferencias para salud y educación se limitaron a dos puntos por encima de la inflación. Las regalías que antes se destinaban a los departamentos se centralizaron y las reparte el ministro de Hacienda por proyectos que tienen más sentido nacional que municipal. El programa de madres comunitarias está adscrito a la Presidencia.

Los subsidios a la vivienda y a la formalización de mano de obra se conceden en el orden nacional y carecen de seguimientos y focalizaciones. En buena parte los apoyos quedan en las instituciones que los administran y entregan. El subsidio de transporte se entrega en todo el país y no llega a los trabajadores informales.

Por su parte, los ingresos tributarios de los municipios están representados por el predial, industria y comercio y automóviles, que son regulados por el Gobierno y se han venido debilitando. El impuesto de industria y comercio se ve desplazado por el IVA. El impuesto a la gasolina se pretende reducir para que Ecopetrol reciba grandes márgenes de ganancia mediante el establecimiento de los precios nacionales en el ámbito internacional.

La estructura ha resultado totalmente inequitativa. La mayor parte del gasto público se realiza por el presupuesto nacional y, en consecuencia, se concentra en infraestructura física, gasto militar y subsidios a las pensiones y al capital, que representan los rubros que menos benefician a los sectores pobres. El 50% más pobre recibe menos del 50% del gasto público. Los presupuestos municipales en términos del PIB no corresponden ni a la mitad del nacional.

Estamos ante la violación fragante de la línea descentralista y social de la Constitución. Los municipios carecen de los medios para realizar un gasto público de derechos fundamentales focalizado y fiscalizado. La política pública contribuye a moderar la pobreza, pero no mejora la posición relativa de los pobres. Incluso en Bogotá se presentan los peores índices de Gini del mundo (0,54).

Frente a las tendencias crecientes de la concentración del capital se ha abierto camino la necesidad de elevar los gravámenes a los estratos más altos, en particular al 10% más rico. Pero no hay garantía de que los recursos lleguen a los grupos laborales y menos a los de menores ingresos dentro de un marco presupuestal que replica el perfil del modelo económico; bien pueden regresar al origen. De hecho, se requiere avanzar hacia una estructura fiscal equitativa que asegure la canalización hacia los grupos más pobres. Ante todo habría que erradicar el monumental sobrecosto de las obras públicas, desmontar los subsidios a las altas pensiones y al capital, así como frenar el gasto militar. Asimismo, se necesita ampliar las transferencias regionales y fortalecer las estructuras tributarias municipales, y avanzar en la construcción de instituciones que les permitan a los municipios movilizar y fiscalizar los derechos fundamentales.