El estado social de Bogotá

Como lo expresamos repetidamente durante la campaña distrital, el desafío del nuevo alcalde consistía en avanzar en aspectos estructurales que consolidaran y le dieran continuidad a los avances sociales.

En este contexto, se planteaba reducir el alto nivel de desempleo e informalidad de la ciudad, avanzar en un sistema integrado de transporte masivo y elevar la calidad de la educación primaria y secundaria y ampliar el acceso a la educación universitaria. La pregunta inmediata es ¿qué tanto se ha avanzado en estas tres áreas?

El desempeño de Bogotá en materia de empleo es insatisfactorio. La ciudad aparece como una de las urbes de América Latina con la mayor tasa de desempleo. No obstante, la rápida actividad de la economía, en los últimos dos años, la ciudad generó apenas 75.000 puestos de trabajo anuales y no ha evitado que el desempleo supere el 11% y la informalidad el 35%.

La promesa del Alcalde de articular la administración dentro de un programa de empleo no se ha cumplido. En varias oportunidades mostramos cómo un programa de esta naturaleza permitiría generar 50.000 empleos, por encima de la tendencia, mediante la movilización de los recursos congelados de las empresas de servicios públicos para crear empleos directos en la infraestructura física intensiva en mano de obra, la vivienda de interés social y el apoyo a la pequeña y mediana industria. Si esto se hubiera hecho durante la administración Garzón y en lo corrido de la actual, la tasa de desempleo de la ciudad estaría por debajo de 8%.

Bogotá ha logrado la cobertura casi plena en la educación básica y media, pero la calidad deja mucho que desear. El puntaje de los estudiantes en los exámenes internacionales de desempeño escolar es muy inferior al promedio, y se explica por la naturaleza segregada del sistema. A tiempo que los colegios privados predominan, la presencia de los estratos 5 y 6 en la formación pública secundaria es prácticamente inexistente.

Con todo, no se advierte un esfuerzo para crear las condiciones que permitan el traslado de los estudiantes de diversos estratos a las mismas escuelas, ni la creación de becas para los estratos 1 y 2 en los establecimientos privados.

El otro asunto es el de la movilidad. En las encuestas de opinión sobre aspectos generales y la información detallada del DANE muestran que los tiempos de desplazamiento en Bogotá han aumentado. Los recursos destinados para el Transmilenio, que resultaron muy superiores a los concebidos inicialmente, no han descongestionado la ciudad y no se divisa una solución de fondo.

La iniciación de la tercera fase del Transmilenio y el apoyo del Gobierno Central al Tren de Cercanías dificultan la financiación del metro, redelegándolo a un segundo lugar.

Lo más lamentable fue la decisión de la Administración de subir la tarifa del Transmilenio en $200. La determinación aleja a los estratos 1 y 2 del servicio y eleva el excesivo peso del gasto en transporte en su ingreso. Mientras que la propuesta de subsidiar a los estratos uno y dos con tiqueteras no prosperó, el subsidio al combustible del carro particular es el rubro de mayor crecimiento del presupuesto nacional.

Muchas de estas dificultades se explican por la obsesión fiscal. En el plan financiero, el Distrito proclamó como criterio central la configuración de un superávit primario, siguiendo el criterio de la nueva ley presupuestal expedida por el actual Gobierno.

Como las erogaciones por intereses del Distrito son mucho menores que las de la Nación, el criterio resulta mucho más restrictivo para la ciudad, dejándola sin margen de maniobra para elevar el endeudamiento. Si a esto se agregan los enormes excedentes de las instituciones distritales que se congelan en el exterior y en el mercado financiero doméstico, se entiende cómo la ciudad, con una estructura tributaria sólida y dinámica, no puede resolver sus grandes falencias.

Los primeros meses de la administración de Samuel Moreno plantean inquietudes. El estancamiento del empleo, el encarecimiento del transporte masivo y la segregación educativa operan como restricciones para mantener la disminución de la pobreza y elevar el bienestar de las grandes mayorías, a tiempo que la prioridad a la austeridad fiscal no contribuye a superarlas.

Los primeros meses de gestión dejan en claro que el avance social de Bogotá dependerá de apartarse de los fundamentalismos fiscales y, sobre todo, de la capacidad de movilizar el enorme esfuerzo tributario de los bogotanos y los excedentes de las empresas para adelantar un programa de empleo, iniciar el metro y establecer un sistema integrado de transporte, y poner en práctica ideas novedosas que eleven la calidad educativa.