El riesgo de los fondos privados de pensiones

Los fondos privados de pensiones son una de las criaturas más representativas del neoliberalismo. El sistema se puso en práctica en Chile en la época de furor y progresivamente se trasladó a los países de América Latina. Los recursos públicos que estaban en manos del gobierno se trasladaron a los fondos privados y se les dio rienda suelta para que los colocaran libremente y le entregaran a los pensionados la suma que resultara de sus cálculos actuariales. Ahora, las cifras más recientes señalan que en lo corrido del año algunos fondos perdieron el 40% de los activos en Chile y algo menos en Colombia.

En un principio se intentó darle a los fondos privados un alcance que no correspondía a la realidad. En las propagandas y en las justificaciones técnicas se anunciaba que los fondos resultarían en beneficios superiores al sistema solidario, y se invitaba a la gente a trasladarse a ellos. En esencia se trataba de un engaño. En el sistema solidario la pensión proviene de las cotizaciones de los actuales cotizantes y éstos de los siguientes. En cambio, en la modalidad privada la pensión resulta de los rendimientos obtenidos en el mercado de capitales. Como los ingresos de los nuevos cotizantes crecen muy por encima de las tasas de interés reales del mercado de capitales, por simple aritmética el sistema solidario redunda en mayores beneficios.

Así lo vinieron a confirmar los hechos. De acuerdo con los balances financieros, la rentabilidad promedio es del orden de 3,5%, muy inferior a la proyectada por el Gobierno. Mientras que el sistema solidario con cotizaciones de 6% permitió pensiones entre 75 y 90% del salario promedio, el sistema privado con el doble de cotización no da ni la mitad del salario promedio.

La duplicación de las cotizaciones alejó a los sectores de bajos ingresos. La cobertura se mantuvo en 25%, una de las más bajas de América del Sur, y lo que se ganó con las mayores tarifas se perdió por la menor llegada de afiliados. La estructura se tornó más inequitativa; mientras que el 40% de los estratos altos accede al sistema pensional, sólo el 4% de los estratos bajos tiene el derecho.

Muchos de los errores se originan del intento de contradecir el dictamen de la aritmética. Al igual que en las pirámides, en el desespero los administradores han propiciado portafolios de alto riesgo que significan elevados rendimientos. Lo que no advirtieron es que el riesgo significa mayores probabilidades de pérdidas y bancarrotas. En efecto, los fondos que están en condiciones más precarias son aquellos que obtuvieron mayores rendimientos en el pasado y en la mayoría de los casos las pérdidas superan el 20% de los activos. Si esta situación se hubiera presentado en los bancos, su capital habría desaparecido y no podrían realizar prestamos.

Nada de esto es nuevo. En el libro La crisis financiera mundial, en el cual se recopilan los trabajos de analistas que anticiparon la debacle, muestro cómo desde marzo de 2007 los mercados de valores revelaban una gran vulnerabilidad y avizoraban un desplome inminente. Aun así, los fondos siguieron obteniendo altas ganancias de las comisiones y se quedaron esperando que las pérdidas las asumieran los afiliados y en caso extremo el Estado.

Los fondos privados de pensiones forman parte de las instituciones que se crearon en los últimos veinte años y configuraron el modelo de crecimiento inducido por la valorización de los activos. Este modelo, que predominó entre 1992 y 2007, ocasionó elevadas tasas de crecimiento a expensas de crear un castillo de naipes que se vino abajo, y está ocasionando la peor crisis recesiva desde 1930. Infortunadamente, no se ha hecho nada para cambiar los factores estructurales que causaron y detonaron la crisis. Las soluciones se reducen a emisiones masivas de la Reserva Federal que no son recibidas por el público y están fracasando en forma rotunda.

El balance de los fondos es claramente insatisfactorio. La reforma de la Ley 100 duplicó las cotizaciones, no afectó la cobertura del sistema, genera pensiones que no representan ni la mitad del salario promedio y acentúan las iniquidades del sistema a todos los niveles. Por otra parte, la estructura financiera significa un enorme riesgo para el ahorro de los colombianos y para el desempeño general de la economía.

De hecho, se plantea una reforma radical en la legislación de la Ley 100 que limite la modalidad  privada a los grupos de medianos y altos ingresos, como sería el retorno de las cotizaciones de menos de 1,8 salarios mínimos a la modalidad solidaria del Seguro Social. Al mismo tiempo, se requiere una severa evaluación de los riesgos implícitos en los balances de las empresas y una clara intervención del Estado en los portafolios, las comisiones y los beneficios a los afiliados.