La apuesta por la equidad

Mockus expresó en forma abierta que elevaría los impuestos para cumplir el mandato constitucional de ampliar el gasto social y atender los derechos fundamentales. Este es un cambio trascendental con respecto a la política aplicada en los últimos 20 años, que le dio la clara prioridad a la austeridad monetaria y fiscal. Todas las reformas tributarias se adoptaron dentro de criterios de eficiencia para reducir el déficit fiscal o financiar la confrontación armada. Petro fue el que más se aproximó a Mockus; sin referirse a la coyuntura, anotó que la sostenibilidad de la política social de derechos está condicionada al aumento de los ingresos y las apropiaciones presupuestales.

En contraste, Juan Manuel Santos no ahorró esfuerzos para expresar que la elevación de impuestos afectaría negativamente la demanda y el crecimiento económico. La justificación no es convincente; si los mayores recaudos se destinan a aumentar el gasto en salud y educación, no hay ninguna razón para que disminuya la demanda. Lo cierto es que dejó al descubierto su vieja preferencia por la eficiencia frente a la equidad. Como ministro de Hacienda de la administración Pastrana, fue el gran artífice del acto legislativo que desmontó el aumento de las transferencias regionales y significó la reducción de los gastos en educación primaria, secundaria y superior en cuanto al ingreso per cápita.

Curiosamente, el país no ha superado la concepción clásica de que el mayor impacto de la política fiscal se da en los gastos, y que más importante que la progresividad fiscal es el monto de los recaudos. Varios de los candidatos se inclinaron en favor de mantener y profundizar la estructura fiscal de elevar los gravámenes al trabajo y a los bienes necesarios por la vía del IVA. Como lo ilustra el caso chileno, el gasto social contribuye a elevar los ingresos de los sectores menos favorecidos en la población y reducir la pobreza, pero no modifica considerablemente la distribución de ingreso. En cambio, la experiencia europea muestra que las altas tarifas al capital y las elevadas rentas del trabajo constituyen el camino más efectivo y rápido para reducir la brecha entre los ricos y los pobres en los resultados.

Los entrevistadores dejaron en el tintero la pregunta sobre cómo detener y corregir los daños ocasionados por el modelo económico durante 20 años a la equidad, la pobreza y, en particular, el empleo. No es algo que se pueda atribuir a los parafiscales y remediar pasando las exenciones tributarias del capital al trabajo, que no dejan de ser ficciones que afectan principalmente las empresas de mayor tamaño, que son las que generan menos empleo.

La respuesta no puede ser distinta a la de revisar las organizaciones monetaria, comercial y cambiaria imperantes, que frenaron la producción y el empleo, debilitaron el ahorro y dispararon la informalidad. Como mínimo se plantea conectar la macroeconomía con la política laboral. Una fórmula compensatoria y transicional consistiría en crear un fondo de empleo con recursos del banco central y títulos de ahorro para subsidiar la contratación de trabajadores provenientes del sector informal por parte de empresas debidamente registradas y sustentar un mayor salario mínimo. La fuerza de trabajo más pobre percibiría mayores remuneraciones, accedería a la salud especializada y la pensión de vejez y podría adquirir en el sector formal los bienes que produce.

En fin, el cambio de modelo se impone como una condición necesaria para configurar una sociedad más equitativa. En términos generales, se plantea la configuración de una política social basada en derechos fundamentales; segundo, la adopción de una estructura tributaria progresiva; y tercero, la conexión de la política macroeconómica con la política laboral. Si bien Mockus sólo se ha comprometido con el primer aspecto, las circunstancias y el debate lo acercarán a los otros dos.