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El estado del metro es incierto. En el último reporte oficial el Gobierno se compromete a apoyar el desarrollo de los programas del transporte integrado del Distrito y Cundinamarca.
Sin embargo, condiciona la entrega de los recursos al cumplimiento de los requerimientos técnicos y financieros que no son definidos con claridad. Entre estos criterios se destacan la evaluación de la relación beneficio-costo y la operación del sistema sin subsidios.
Para cumplir con las exigencias del Gobierno, el Distrito contrató al consorcio español conformado por Sener y otras prestigiosas firmas consultoras. Por su parte, Planeación Nacional sometió estos estudios a la validación de la Universidad Nacional y la Universidad de los Andes.
Los estudios entregados por la firma consultora no han sido divulgados al público. En cambio, en internet aparecen los informes de validación de la Nacional y de los Andes.
En ambos trabajos se presentan severas críticas a los cálculos y análisis elaborados por el consorcio. A lo largo de los documentos se señala que los beneficios están inflados y los costos subvaluados y, sin hacerlo explícito, sugieren que la relación es menor que uno.
Este resultado es común en los proyectos de transporte masivo y ocurrió en el Transmilenio. El sistema se justificó inicialmente con estudios de beneficio-costo que daban una relación de dos a uno y un costo por kilómetro de US$5 millones.
Si se tiene en cuenta que los costos resultaron cinco veces mayores, es claro que el sistema no pasaba el estudio beneficio-costo elaborado adecuadamente. Por eso, las tarifas vigentes no cubren los gastos en infraestructura y significan un subsidio de $1.000.
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