A propósito de la financiación estatal de campañas

Estas propuestas responden a una de las mayores preocupaciones que rodean las elecciones en Colombia y que vienen siendo planteadas de tiempo atrás por organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Transparencia por Colombia, por expertos en asuntos electorales nacionales e internacionales, e incluso por funcionarios, consejeros y exconsejeros del CNE. Si bien esto no es un problema exclusivo de Colombia, en nuestro caso adquiere unas dimensiones particulares, entre otras razones por el crecimiento desmedido de los costos de las campañas y en particular por las evidencias sobre el ingreso de dineros relacionados con actividades ilegales y criminales a las contiendas. A esto se suma que las normas que regulan la materia tienen grandes vacíos e incluso inconsistencias y contradicciones, lo cual se presta para interpretaciones casuísticas y sirven de excusa para violarlas. Además, es evidente que históricamente el Consejo Nacional Electoral no ha contado con las capacidades, los recursos, la independencia y con frecuencia con la voluntad política para controlar el origen y el uso de los gastos, la violación de los topes establecidos en la ley y mucho menos para investigar y sancionar a quienes abusan de la financiación privada.

No obstante, cualquier reforma al sistema de financiación de campañas tiene que ser parte de una reforma estructural del sistema electoral y de partidos. Por ejemplo, hoy en día la mayoría de los partidos políticos son organizaciones clientelares, con esquemas de toma de decisiones verticales, poco democráticas, con una institucionalidad débil y personalista. Pero además, son poco transparentes y no son proactivos en la entrega de información sobre sus finanzas y funcionamiento, a pesar de que la Ley de Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública los considera sujetos obligados. Por otra parte, la organización electoral que tenemos no está en condiciones de garantizarles a todos los candidatos las condiciones de equidad y transparencia necesarias en caso de que llegara a aprobarse la financiación 100% estatal.

El Estado tampoco está preparado para asumir esta responsabilidad. Si ha habido tantas críticas con relación a la ya famosa “mermelada” y al uso indebido de recursos estatales para apoyar a ciertos candidatos, es difícil imaginar qué pasaría si además la única fuente de financiación de las campañas fuera estatal. Varios países han avanzado, no sin problemas, en esta dirección. Debemos aprender de sus aciertos y fallas antes de apresurarnos a aprobar una reforma. De lo contrario, el remedio puede resultar peor que la enfermedad.

* Directora de Transparencia por Colombia. @eungar1