Con corrupción la paz es inviable

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Es lamentable, pero no del todo sorpresivo, lo que está sucediendo con el proceso de paz. Por un lado, evidentes retrasos en la implementación de los acuerdos, sobre todo en la construcción de obras de infraestructura, la lenta ejecución de inversiones para la puesta en marcha de proyectos productivos para víctimas y exguerrilleros, y para la capacitación y reincorporación de los desmovilizados de la guerrilla.

Frente a esta situación, inicialmente el Gobierno Nacional reconoció ineficiencia en la gestión de los acuerdos, lo cual es cierto. También es evidente la descoordinación y falta de comunicación entre las entidades encargadas de manejar los recursos y ejecutar los proyectos: la Alta Consejería para el Posconflicto a la cabeza, y una serie de agencias ejecutoras… Otro ejemplo es el Sistema Integrado de Información para el Posconflicto (SIIPO), una plataforma que debía estar en pleno funcionamiento hace meses. Su propósito es integrar toda la información sobre la ejecución e inversiones de los programas y proyectos, para que las entidades del Estado puedan coordinarse y los donantes y órganos de control puedan hacerles monitoreo. Otro objetivo es que los potenciales beneficiarios y los ciudadanos en general puedan hacer veeduría y, si es el caso, denuncias sobre irregularidades y hechos de corrupción. A esto se suma que otras entidades como el DNP y la Agencia Presidencial de Cooperación han desarrollado plataformas tecnológicas con propósitos similares, pero no es claro cómo van a interactuar.

Por otro lado, desde diferentes sectores se ha cuestionado la falta de transparencia en el manejo de los recursos, los procesos decisorios y la contratación. A estas críticas se sumaron anuncios de investigaciones a funcionarios responsables de la implementación de los acuerdos por presuntos manejos indebidos del dinero, corrupción en la adjudicación de contratos para compras y la ejecución de proyectos, conflictos de interés no declarados, entre otros. Esto llevó al Gobierno a reconocer que el problema trascendía los límites de la ineficiencia y que la corrupción había permeado la puesta en marcha del proceso de paz.

Decía al comienzo que lo sucedido es lamentable, porque pone en juego la legitimidad y, eventualmente, la continuidad del Acuerdo de Paz, el nombre del país frente a la comunidad internacional y el apoyo de millones de colombianos que creímos en el proceso. Pero no es del todo sorpresivo. Experiencias internacionales han mostrado la vulnerabilidad de los procesos de paz si no se toman desde el comienzo las medidas necesarias para blindarlos de la corrupción. Entonces, ¿qué pasó? ¿Exceso de confianza en los responsables de la ejecución? ¿Falta de liderazgo y de voluntad política? ¿Por qué no se escucharon las preocupaciones del presidente y del vicepresidente y las voces de quienes aun antes de la firma de los acuerdos llamaron la atención sobre los graves riesgos que se corrían si no se garantizaba la total transparencia del proceso? Estas y otras preguntas ameritan una respuesta.

Aún no es demasiado tarde para ganarles la batalla a los corruptos que pretenden sacarle provecho a la paz para su propio beneficio. Pero hay que actuar ya y con contundencia.

* Miembro de La Paz Querida.

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