Corrupción, clientelismo y captura del Estado

La fortaleza institucional no se construye de la noche a la mañana, ni es el resultado de la acción individual del gobernante de turno.  Por el contrario, es estructural y se relaciona, entre otros,  con un conjunto de factores objetivos que permiten “identificar condiciones institucionales y prácticas de los actores gubernamentales que favorecen la transparencia o potencian los riesgos de corrupción en la gestión de las entidades públicas”.  Entre ellos se encuentran la visibilidad y publicidad de los actos públicos, la capacidad para cumplir las normas en  todos los procesos de gestión, y la aplicación de mecanismos de control y sanción legales, políticos y sociales.  

Los resultados de los últimos Índices de Transparencia Municipal y Departamental muestran que solamente el 28% de los departamentos tiene un riesgo moderado de corrupción, mientras que el 44% presenta riesgo medio y el 28% riesgo alto o muy alto.  Esta situación es aún más preocupante en los municipios del país: el 10% se ubica en el rango de riesgo moderado, el 45% en el medio, y el 45% en el alto o muy alto. 

Este panorama confirma que los riesgos de corrupción siguen siendo una de las mayores amenazas para la institucionalidad y el buen gobierno.  De no ser enfrentados eficazmente, van a convertirse en el mayor obstáculo para el desarrollo social, político y económico del país. 

Hay algunos temas particularmente críticos y que deben prender las alarmas del gobierno nacional, alcaldes y gobernadores.  En materia de visibilidad, sobresale su precariedad en temas como la planeación, contratación, trámites, sistema de atención al ciudadano y programas sociales.  Esto significa que la información pública está lejos de serlo, y que se caracteriza por  la opacidad. 

 En el tema de la gestión institucional, la discrecionalidad de los funcionarios sigue predominando, especialmente en temas relacionados con los procesos de contratación y el recurso humano: los primeros no son suficientemente públicos, el monitoreo de las obras no es la norma, es frecuente que haya un solo  proponente en las licitaciones y tiende a predominar la contratación directa.

 De igual manera, la meritocracia aun es un objetivo por alcanzar:   los perfiles de los funcionarios no responden a los manuales de funciones; los funcionarios de libre nombramiento y remoción –las famosas nóminas paralelas- son cada vez más numerosos, no son elegidos por concurso y rara vez son evaluados.  Y en cuanto al control y las sanciones, estos siguen siendo la excepción, lo que confirma que la corrupción en Colombia sigue siendo una actividad de altos rendimientos y muy bajos costos.

Frente a este panorama de una institucionalidad que presenta importantes riesgos de corrupción, no debe extrañarnos que aún en departamentos o municipios que alcanzan niveles moderados de riesgos de corrupción, sus gobernantes incurran en actos corruptos.   Si bien unas instituciones fuertes y transparentes pueden convertirse en un muro de contención contra estos hechos, éstas no son suficientes para combatir un fenómeno relacionado con debilidades estructurales del Estado colombiano y enraizadas en la cultura política del país, como son el clientelismo y la captura del Estado por parte de actores ilegales y legales.  Éstos, de la mano de la impunidad, son los mejores aliados de la corrupción.