Corrupción, transparencia y posconflicto

Detrás del derrocamiento del entonces presidente Hosni Mubarak en 2011, y hace unas semanas de quien lo sucedió en la presidencia, Mohamed Mursi, ha habido, entre otros factores, un clamor de protesta contra la corrupción de sus gobernantes. Pero no ha sido el único: Occupy Wall Street en Nueva York, que comenzó a finales de 2011 y se extendió por varios meses y diversas ciudades de Norteamerica; las manifestaciones en Túnez, Grecia y Libia y las recientes marchas a lo largo de Brasil, son solamente algunos de los múltiples ejemplos de la exasperación que sienten millones de ciudadanos por el accionar de los corruptos y por la ineficacia de los gobiernos para combatirla y, en muchos casos, por su complicidad.

Sin embargo el problema es mucho más complejo y sus implicaciones más profundas. La incapacidad de enfrentar la corrupción se puede convertir en un detonante de diversos conflictos, algunos ya existentes, otros latentes y otros nuevos. Esto es particularmente relevante y crítico en los casos de conflictos armados, no sólo por su incidencia en la violación de derechos humanos, sino porque afectan y debilitan las instituciones y se convierten en escenarios propicios para que diferentes actores encuentren en la corrupción un aliado para expandir sus áreas de influencia, tanto económicas, como territoriales y poblacionales. Y ante todo, porque la perversa relación entre conflicto armado y corrupción exacerba los efectos sociales, políticos y económicos que éstos generan. Por esta razón la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción deberían ser parte integral de los procesos de negociación, así como de los acuerdos para el posconflicto.

Ni la urgencia de lograr resultados visibles y rápidos, ni el afán de obtener réditos electorales, pueden ser una excusa para que las políticas, programas y proyectos que se diseñen para el eventual logro de la paz no se acompañen de estrategias integrales y explícitas que busquen blindarlas de abusos, manipulación y utilización para beneficio de unos pocos. Estas estrategias deben contemplar medidas preventivas, de investigación y de sanción contra eventuales hechos de corrupción relacionados con los recursos de diversa índole y origen que se movilicen para el posconflicto. Y el diseño de mecanismos e instrumentos de monitoreo y de rendición de cuentas que desde el inicio permitan un efectivo control político y social sobre el proceso.

De llegarse a un acuerdo, el comprensible sigilo y la prudencia que han caracterizado el manejo de la información relacionada con el desarrollo de los diálogos entre el Gobierno y las Farc en La Habana, deben reemplazarse por la mayor transparencia y acceso a la información posibles. De lo contrario, la corrupción puede convertirse en un obstáculo para el proceso de paz aún mayor que las pretensiones de diferentes sectores para que este fracase.