¿Disciplina de bancadas o disciplina uribista?

En el caso del Congreso de la República, éste tiene la función de presentar y tramitar las leyes. Las otras ramas no deben interferir indebidamente en este proceso mediante presiones, amenazas u oferta o entrega de dádivas. Esto aplica también para representantes de particulares y del sector privado. Si bien la participación de unos y otros no es por sí misma ilegal o ilegítima, cuando no se hace de manera transparente y pública, o cuando se busca privilegiar intereses particulares —aun si éstos son legales— en detrimento del interés general, ésta puede convertirse en una forma de coacción ilícita.

El gobierno del presidente Santos ha presentado a consideración del Congreso un importante paquete de proyectos de ley y de acto legislativo que pretenden solucionar algunos de los problemas más graves que afectan al país. Entre ellos, las leyes de tierras y de víctimas, que ya tuvieron un tortuoso trámite en el cuatrienio pasado, y que fueron derrotadas por las entonces mayorías uribistas. Con estas normas se busca resarcir a miles de víctimas que ha dejado el conflicto armado en las últimas décadas y devolverles las tierras de las que fueron violentamente despojadas. El estatuto anticorrupción, que contiene una amplia gama de medidas para prevenir, pero sobre todo para sancionar conductas y actores corruptos tanto del sector público como del privado. Por ejemplo, amplía el alcance del concepto y las obligaciones de las personas políticamente expuestas y tipifica nuevos delitos. Y la reglamentación de la reforma política de 2009, que entre otras cosas tiene como propósito reglamentar la financiación de la política, que también ha sido una fuente de corrupción.

Si bien estos proyectos pueden mejorarse, es claro que de aprobarse afectarán intereses legales e ilegales de sectores políticos y económicos muy poderosos del país, que ven en ellos riesgos de perder privilegios, fuentes de ingresos y mecanismos de controlar el poder. No de otra manera se explica que a pesar de tener amplias mayorías en el Congreso, congregadas alrededor de la llamada Unidad Nacional, estos proyectos estén en riesgo de no ser aprobados.

Aun cuando es deseable que las bancadas se tomen su tiempo para estudiar los proyectos que son puestos a su consideración, y que el Congreso actúe con autonomía, pareciera que este argumento está sirviendo de excusa para que algunos dirigentes y congresistas del Partido de la “U” le estén poniendo palos en la rueda al trámite legislativo de estas iniciativas. ¿Será que están obedeciendo órdenes “superiores” para dilatarlo y evitar la aprobación de estos proyectos? ¿Y será muy descabellado suponer que no se quiere afectar a ciertas estructuras de poder regionales, que en el pasado han sido determinantes en los procesos electorales?