El síndrome del mensajero

Mientras que algunos de los directores de estas instituciones han asumido una actitud defensiva, de explicaciones no pedidas y de tergiversación de la información, otros, hay que reconocerlo públicamente, como la Contralora General y el Procurador General, han solicitado apoyo para identificar los riesgos de corrupción en sus entidades y buscar correctivos para lograrlo. Han entendido que la enfermedad no está en las sábanas, que en este caso es la información, sino en las debilidades de sus instituciones, las cuales configuran escenarios propicios para la corrupción.

Riesgos de corrupción que son preocupantes, y de alguna manera premonitorios de una de las mayores tragedias ambientales que ha vivido el país en su historia como resultado del invierno. El promedio obtenido por el sector ambiental, que incluye al propio Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y a las Corporaciones Autónomas Regionales, en los Índices de Transparencia por Colombia, es apenas aceptable. Éstas, “en cumplimiento de su función como administradoras de los recursos naturales de su región, otorgan licencias ambientales, imponen multas, realizan decomisos y demás tareas de vigilancia; “así mismo, desarrollan estrategias con los recursos que reciben para mitigar, evitar, prevenir y controlar los impactos de las acciones antrópicas sobre el medio ambiente” (www.asocars.org.co/autoridad.asp?idautoridad=2).

¿Dónde están las medidas adoptadas por el sector para cumplir con estos objetivos? ¿En qué se han invertido los recursos de estas entidades? ¿A quién se les han adjudicado los contratos de la entidad? ¿Con qué criterios y a quiénes se les han otorgado las licencias ambientales? Estas son sólo algunas de las preguntas que los directores de las corporaciones, y la propia Ministra, están en mora de responder.

Para nadie es un secreto que estas entidades han sido bastante cuestionadas por haberse convertido en un fortín de los políticos regionales para pagar favores. Cuentan con unas nóminas nada despreciables y manejan grandes sumas de recursos. Y presentan preocupantes riesgos de corrupción. Por supuesto no son los culpables de la tragedia invernal, pero sí tienen una gran responsabilidad en sus consecuencias. Como la tienen quienes han promovido un modelo de desarrollo que antepone los criterios económicos a los sociales y ambientales. Y quienes en aras de la llamada eficiencia fusionaron unos ministerios, sin calcular ni prever las consecuencias que esto traería en el cumplimiento de las funciones y misiones de estas entidades.