El verbo “renunciar”, q.e.p.d.

En el marco de la emergencia social, se expidió un conjunto de decretos que pretendían solucionar la grave crisis que afecta la prestación de servicios de salud en Colombia. Sin embargo, el resultado parece un homenaje al desgreño. Representantes de los médicos, asociaciones de profesionales de la salud y sociedades científicas, directivos y empleados de centros de atención hospitalaria, pacientes y ciudadanos del común, expresaron sus airadas protestas y quejas por lo que consideraron un atropello y una burla a la sensatez. Mientras que cada uno de estos sectores manifestaba su desconcierto e indignación, no sólo porque en su concepto se estaban vulnerando la dignidad y los derechos esenciales de los ciudadanos, sino principios éticos y la autonomía que deben tener los profesionales de la salud, el Gobierno se enredaba en una interminable maraña de explicaciones, que en lugar de aclarar el panorama, lo único que lograron fue aumentar la confusión y poner en evidencia la ineptitud —para no mencionar posibles conflictos de intereses y supuestos pagos de millonarios honorarios— de los encargados de redactar los mencionados decretos.

El propio Presidente de la República cayó en este remolino de ires y venires, de rectificaciones y de regaños públicos al Ministro de la (des)Protección Social, pero sin que nadie asumiera pública y directamente la responsabilidad por lo sucedido. Si bien el Primer Mandatario seguramente no participó en la redacción de los decretos, sí los firmó. Por esto cabe preguntarse: ¿lo hizo sin conocer lo que estaba firmando? ¿O firmó a sabiendas del contenido de los decretos? De cualquier manera, tiene una responsabilidad política directa, y ésta no puede tratar de expiarse con enmendaduras realizadas sobre la marcha.

Y en cuanto al Ministro, por dignidad y por respeto con los ciudadanos, y con el propio Presidente Uribe, debería haber renunciado desde el mismo momento en el que se hicieron evidentes las fallas protuberantes de las medidas adoptadas. Y si no lo hizo por su propia voluntad, su jefe inmediato ha debido exigírselo. Pero en Colombia, el verbo “renunciar” hace tiempos desapareció del diccionario y del vocabulario de la inmensa mayoría de los funcionarios públicos.

Esto sucede porque el poder se ha personalizado y se ejerce con arrogancia, porque las instituciones se han debilitado y se han puesto al servicio de intereses particulares, porque se considera que los gobernantes son irreemplazables, porque el cumplimiento de la ley y el respeto por los derechos, como el acceso a la salud, se confunden con favores o dádivas. Como está pasando en Colombia.

Posdata: El cierre de la revista Cambio es un mal presagio de lo que puede ocurrir cuando política y negocios se confunden. O cuando la política se vuelve un negocio. Gracias a Rodrigo Pardo y a María Elvira Samper, los colombianos pudimos conocer verdades —tristes y vergonzosas algunas, pero verdades al fin y al cabo— que de otra manera hubieran permanecido ocultas.