En política no todo vale

Lo que ha sucedido en las últimas semanas no solamente enturbia el ambiente político, sino que debilita la democracia, la legitimidad de las instituciones y la credibilidad de los ciudadanos en sus gobernantes. En un contexto de abierta confrontación, no por las ideas, sino por las gravísimas acusaciones de hechos de corrupción, de abuso de poder y de actividades abiertamente ilegales e incluso criminales, las elecciones y el voto pierden su valor como mecanismo por excelencia de participación política en un país que se precia de ser democrático.

Todos estos hechos son una clara demostración del profundo deterioro del ejercicio de la política en Colombia y ponen de manifiesto hondas fisuras en la institucionalidad, la cual se muestra cada vez más permeable a la injerencia de sectores interesados en debilitarla, muchos de ellos con claros vínculos con la ilegalidad. Estas formas de hacer política y de concebir el poder son quizás los mayores obstáculos para avanzar hacia la paz, el desarrollo social, la igualdad y la lucha contra la corrupción. Y les dan argumentos a quienes consideran que la única forma de solucionar los problemas es mediante el uso de la fuerza, cerrando los espacios al diálogo y descalificando a los contradictores.

Los colombianos tenemos el derecho de exigirles a los candidatos que dejen actuar a la justicia, y a esta que proceda con celeridad e imparcialidad para que las investigaciones sobre las denuncias que se han hecho produzcan resultados, se sancione ejemplarmente a los culpables y, si es el caso, se revele si estas acusaciones tienen fundamento o si obedecen a intereses oscuros alejados de la intención de dar a conocer la verdad. Tenemos el derecho de decirles a quienes aspiran a llegar a la Presidencia que en política, a diferencia de las reglas que se imponen en el mundo de la ilegalidad, no todo vale. Y que la ética no es negociable.