¿Hasta dónde va la tolerancia hacia los corruptos?

Le respondí que lo que más me había impactado era la transformación que ésta había tenido desde que la visité la última vez hace cerca de diez años: vías de varios carriles y en muy buen estado, autopistas de conexión con otras ciudades con tráfico fluido y buena señalización, centenares de nuevas edificaciones con la más moderna arquitectura, zonas verdes y rutas peatonales amables para los ciudadanos y un pujante crecimiento fueron algunos de los temas que le mencioné. Mientras yo le hacía el recuento, el conductor asentía con la cabeza, y mirándome por el espejo retrovisor me dijo que esos cambios se los debían al presidente. Y a renglón seguido afirmó: “seguramente ha cometido errores y hasta dinero se habrá perdido, pero mientras se vean las obras y los cambios, qué más da”. El mensaje era claro: lo importante es que se hagan obras, no importa a qué precio y con qué medios.

Seguramente muchos colombianos, como sucede en otros países, se sienten identificados con esta frase. Argumentan que ante la ineficacia o ineficiencia del Estado para cumplir con sus obligaciones, se justifica acudir a cualquier método para obtener resultados. Sin embargo, este tipo de actitudes no contribuyen a fortalecer la institucionalidad, a garantizar la adecuada prestación de servicios ni a crear condiciones de respeto y confianza entre los ciudadanos y sus gobernantes. Por el contrario, profundizan la prevalencia de los intereses particulares sobre el bien común y debilitan principios de convivencia y de ética ciudadana.

Estos comportamientos contrastan con las masivas movilizaciones ciudadanas que han invadido las calles de muchas ciudades alrededor del mundo. Desde Egipto y Turquía, pasando por España y Estados Unidos, hasta llegar a Chile y Brasil, millones de personas han acudido en años recientes a plazas públicas a protestar contra la corrupción y a exigir sanciones para los corruptos. Han sido movilizaciones, en muchas ocasiones desorganizadas, sin un rumbo claro y sin liderazgos identificados e identificables, amorfas dirán algunos, pero que reflejan el hastío y la frustración por la manera como unos cuantos se apropian de los bienes públicos, por la débil presencia del Estado, su captura o sustitución por actores y redes criminales.

Hechos como estos ilustran una gran paradoja: por un lado aumentan los sentimientos de que la corrupción es “un mal necesario” para obtener bienes y servicios que de otra manera serían inalcanzables, y por el otro, crecen las protestas, el hastío y la indignación por su desbordada expansión. La corrupción ocupa hoy un lugar central en la agenda pública y en las preocupaciones de los ciudadanos. Es deber de los estados, de organizaciones de la sociedad civil, de los partidos políticos y del sector privado responder efectivamente a esta demanda social y comenzar a actuar colectivamente, con la gente, para que el límite de la tolerancia frente a la corrupción se vaya haciendo cada vez más estrecho y para que esto redunde en la calidad de vida de todos.